Únicamente las «razones humanitarias» han servido para que los magistrados de la Audiencia Provincial acordaran conceder la libertad provisional a una joven embarazada recluida en la macroprisión de Topas, tras ser detenida por un delito de tráfico de drogas en agosto pasado. El tribunal ha impuesto el pago previo de una fianza de 6.000 euros para que la mujer, a punto de cumplir los ocho meses de gestación, pueda regresar a su casa. En el auto, firmado por la magistrada Esther González, se menciona expresamente que la causa de que se dicte la libertad provisional obedece «sólo» a que la mujer se encuentra en «avanzado estado de gestación en estos momentos». Una situación personal que «neutraliza los riesgos» que llevaron al juez de guardia a ordenar su ingreso en Topas, apunta la magistrada, tales como el de que eludir la acción de la justicia, ya que la pena de cárcel que se le puede imponer «es grave»; y que pudiera volver a cometer el mismo delito por «existir indicios de que su único medio de vida es el relativo al tráfico» de drogas.

El abogado de la defensa, Luis Felipe Gómez Ferrero, ha mostrado su «agradecimiento» a los magistrados por tener en cuenta su solicitud, en la que aludía a los motivos humanitarios para que la joven fuera excarcelada. Fue detenida junto con su marido tras efectuarse un registro en su domicilio, en el que la Policía Nacional se incautó de 1.800 dosis de heroína y cocaína, lo que equivale a 165 gramos de la primera sustancia y 46 de la segunda. El letrado apeló a la angustia que sufría la joven en prisión, lo que le llevaba a temer por su salud, ya que fue recluida a los seis meses de embarazo. También denunció falta de indicios para que se le imputase el delito de tráfico de drogas; y el agravio comparativo con una joven pareja, de Salamanca, también arrestada pero que quedó en libertad. Un argumento que la Audiencia echa por tierra porque la actuación policial se produce después del seguimiento e investigación del matrimonio zamorano y por el contenido de conversaciones telefónicas que conforman «indicios suficientes» de que la pareja estaba contraviniendo la ley, y que «ponían de manifiesto la posibilidad de que se hubiera realizado una entrega de drogas», según la Audiencia.

Desde el mes de enero la Policía Nacional estaba investigando a la joven embarazada y su marido, que también se encuentra en prisión, con la sospecha de que ambos se dedicaban al tráfico de drogas en la zona de La Alberca, donde residen. Con la preceptiva orden judicial, pincharon los teléfonos del matrimonio y en agosto procedieron a su detención cuando circulaban en un vehículo con otra pareja de Salamanca, de la que son familia. El juez autorizó, asimismo, la entrada y el registro en el domicilio de los zamoranos, donde hallaron 1.800 dosis de heroína y cocaína.