El grupo municipal socialista ha pedido al Ayuntamiento una copia autentificada de «todos los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno relativos a aprobaciones iniciales, provisionales o definitivas de cualesquiera instrumentos de planeamiento, gestión y disciplina urbanística» desde el 20 de mayo del presente año, cuando el equipo que preside Rosa Valdeón tuvo conocimiento de la sentencia judicial que anulaba el Plan General de Ordenación Urbana de 2001. El objetivo de la documentación es presentar pruebas ante la Fiscalía Anticorrupción por posible prevaricación, ya que se ha venido aplicando el mencionado Plan a sabiendas de que se encontraba anulado.
La alcaldesa y su equipo de Gobierno han venido aplicando el actual PGOU «a pesar de las advertencias contenidas en los informes técnicos obrantes en los expedientes que en materia urbanística se tramitaban con arreglo al planeamiento general declarado nulo por sentencia judicial firme». Además, el portavoz socialista, Carlos Hernández, indica que alcaldesa y concejales «eran sabedores de la ilegalidad de dichos actos aplicatorios, toda vez que simultáneamente han pretendido que por la Junta de Castilla y León, sin concurrir ninguno de los supuestos legales de advocación de competencias municipales por parte de los órganos autonómicos, se dictara una "normativa transitoria" que habilitara la actuación urbanística que "contra legem" venían desarrollando».
El portavoz socialista cree que «estos hechos revisten una gravedad extrema, respecto de la cual el grupo municipal que represento va a exigir las responsabilidades de toda índole que sin duda concurren en la alcaldesa y los miembros de la Junta de Gobierno que sabedores de la sentencia anulatoria la obviaron». Hernández considera que una prueba de la ilegalidad es que los funcionarios que advirtieron de la misma «han sido removidos de sus funciones».
