Padres que llevan a sus hijas al médico con engaños, porque ellas no quieren oir hablar de un tratamiento. Hijas que engañan a la báscula del médico «con piedras hasta en las bragas» para ocultar su verdadero peso y su enfermedad, además de engañarse a sí mismas. Varias familias viven en Zamora pesadillas similares a la de la joven de Barcelona que en los últimos días se ha convertido en noticia al denegar el juez su hospitalización, solicitada por la familia en contra de la voluntad de la joven, que pesa 34 kilos pese a su 1,70 de estatura y ha tenido intentos de suicidio. Hospitalizaciones involuntarias de pacientes de anorexia y bulimia en Zamora las ha habido, pero no son frecuentes.
En la capital hay al menos cinco jóvenes mayores de edad que se niegan a ser tratadas, según la Asociación contra la Anorexia y la Bulimia en Zamora (Azayb), para «desesperación» de los padres. Ese problema no existe en el caso de las menores «porque las puedes obligar». Pasión Guzmán, presidenta de Azayb, denuncia la impotencia que sienten las familias afectadas ante sentencias como la de la Audiencia de Barcelona. «Ver que se te va tu hija y no poder hacer nada tiene que ser escalofriante». «Frustrante». Porque, entretanto, «comiendo y vomitando puede tener una parada cardiaca o el riesgo de una hemorragia interna».
Las familias no recurren fácilmente al juez «por miedo a enfrentarse a la reacción de sus hijas», a que den la espantada por respuesta y «se vayan de casa, estando enfermas, y lejos de su control». La mayoría son mujeres jóvenes, aunque hay casos de hombres y de niñas y mujeres maduras.
El problema es que ellas, mayores y menores, «no están concienciadas de su enfermedad». El 80% se resiste a tratarse, estima Azayb. No sólo ellas no están concienciadas. A veces ni siquiera lo están los padres. Y «tampoco lo están el entorno y la sociedad».
«Me sorprende que un juez no tenga en cuenta los criterios médicos, lo que sería una temeridad, pero desconozco los pormenores del caso de Barcelona», se expresa Manuel Franco, jefe del servicio de Psiquiatría en el Hospital Provincial. La denegación judicial para la hospitalización de una joven que se resiste a ser tratada y pese a la existencia de informes sanitarios que aconsejan su «ingreso involuntario vía judicial» y alertan de un posible «riesgo vital» resulta ciertamente incompresible a ojos de la familia y la sociedad.
Jueces y médicos insisten en que para hospitalizar a alguien en contra de su voluntad tiene que estar muy probada la ausencia de facultades mentales y existir un elevado riesgo de muerte inmediata. Como apunta Franco, «nadie puede meternos en el hospital sin más ni más».
María Isabel Abad, titular del Juzgado número 4 de Zamora, comprende que la familia no comparta sentencias como la de la Audiencia de Barcelona. «Entiendo que la chica puede tener las facultades mermadas por su enfermedad, pero si no hay una acreditación médica que lo demuestre... aunque no he leído la sentencia y no sé lo que argumenta». Abad se cuestiona hasta qué punto tiene que intervenir el juez: «Lamentablemente, si la joven no sigue un tratamiento será peor para ella pero, hasta qué punto debe intervenir el juzgado ante esas conductas» cuando, sopesa, «serían cosa de los servicios médicos».
Franco lo tiene claro: «Que sean los médicos los que decidan es peligroso». Porque, apunta, es el juez el que tiene que tomar la decisión sobre una incapacidad, apoyado en informes del forense y del psiquiatra. «Quiero pensar que la juez de Barcelona tomó esa decisión basándose en los informes médicos, y quizá los tuvo contradictorios; si la chica se niega a comer y lo hace siendo libre y sabiendo los riesgos y los asume...». El jefe de Psiquiatría no recuerda en Zamora un caso en el que «el juez denegara una propuesta de ingreso».
Los internamientos pueden ser urgentes o no. En los primeros, «el médico lo acuerda con el paciente, con una motivación, y una vez ingresado en el psiquiátrico se le notifica al juez, quien después lo confirmará», explica Antonio González, subdirector del Instituto de Medicina Legal de Zamora. El 99% de los casos son urgentes. Si no hay una urgencia, la familia lo solicita al juez, y éste decide el ingreso.
«La ley no especifica una enfermedad concreta por la que se pueda ingresar involuntariamente». Hay, apunta González, matices: «Si hay una enfermedad, y si además en ese momento concreto la persona está privada de una capacidad razonable, y siempre y cuando el internamiento sea necesario». Un ejemplo: en personas que sufran delirios hay momentos en que se les puede internar involuntariamente, y en otros no. Cosa distinta es si existen riesgos para terceros.
«Siempre se busca el beneficio del enfermo», insiste González, y «nunca puede tratarse de una medida coercitiva». En los últimos diez años habrá habido en Zamora media decena de ingresos involuntarios por trastornos alimentarios.
