Los carteros llevarán el dinero a los habitantes de los pueblos donde no haya cajero automático. Esa es la solución que el Gobierno de España y las patronales bancarias han acordado para paliar el creciente problema de exclusión financiera que azota a territorios eminentemente dispersos en la ruralidad, entre los que se encuentra la provincia de Zamora. En realidad, es una de las dos medidas propuestas. La otra consiste en habilitar puntos de retirada de efectivo en establecimientos no dedicados al negocio, como ayuntamientos o comercios. Las fórmulas enunciadas serán de obligado cumplimiento en un plazo de seis meses, con prórroga de otros seis en función de complicaciones. Esto quiere decir que, en el horizonte de un año natural, todos los habitantes de esta tierra podrán sacar dinero a la puerta de su casa. Eso, si la cosa no se tuerce.
El compromiso de asegurar una provisión de servicios financieros presenciales para el cien por cien del territorio en el plazo máximo de un año se materializará en una nueva actualización del Protocolo Estratégico para Reforzar el Compromiso Social y Sostenible de la Banca. En ese documento, se establecen dos modalidades de prestación de servicios bancarios presenciales en función del tamaño de la población. Así, para aquellas localidades de más de 500 habitantes, será obligatorio disponer de, al menos, un punto de acceso a través de oficina bancaria, cajero automático, oficinas móviles o agentes financieros. La medida en Zamora afecta a 24 núcleos, aunque la mayoría de ellos sí disponen de acceso a efectivo.
La principal novedad llega, sin embargo, en los municipios de menos de 500 habitantes sin punto de acceso a servicios financieros, que en la provincia son más de doscientos y donde se garantiza su llegada. Según el acuerdo, la prestación de estos servicios podrá realizarse a través de carteros rurales, que permiten alcanzar el cien por cien del territorio, o a través de las modalidades de “cash back” o “cash in shop”, mediante la suscripción de acuerdos que habiliten la retirada de efectivo en establecimientos como ayuntamientos o comercios, además de bajo las modalidades establecidas para los municipios de más de 500 habitantes anteriormente mencionadas.
Todas estas iniciativas serán complementadas con los servicios de banca electrónica y telefónica desarrollados por las entidades financieras. En este sentido, las corporaciones continuarán impulsando la capacitación digital y financiera de sus clientes en el ámbito rural mediante programas de formación, incluyendo planes específicos dirigidos a segmentos de personas mayores. Una tarea, esta última, que resulta complicada en la provincia de Zamora debido a la dispersión geográfica y a la falta de conectividad que sufre todavía buena parte del territorio, en sombra tecnológica.
Blindaje para las localidades en las que solo quede un cajero abierto
El sector bancario ha asegurado que ya está trabajando en proyectos para ofrecer soluciones de cara a la retirada de efectivo en cualquier municipio. El llamado “cash back” o “cash in shop”, eso sí, necesitará ser implementado a través de acuerdos con terceros, como ayuntamientos o comercios, y permitirán al cliente la retirada de efectivo a través de aparatos TPV de última generación, pudiendo incluso aumentar sus prestaciones a medio plazo, dando así acceso a una mayor cantidad de servicios. El acuerdo para la actualización del protocolo alcanzado recoge también compromisos en relación con aquellos municipios que cuenten con un único punto de acceso físico a servicios bancarios, con el fin de mantener la provisión de este servicio. Las entidades que planeen cerrar el único punto de acceso que pueda existir en estos municipios se comprometen a comunicárselo a sus clientes con un plazo de antelación de al menos cuatro meses salvo imposibilidad sobrevenida.
Además, estos municipios se incorporarán a los objetivos desarrollados en el protocolo, comunicando la previsión de cierre al Observatorio de la Inclusión Financiera para su incorporación al estudio de diagnóstico con el objetivo de que se pueda sustituir el servicio prestado por otro en línea con los establecidos para municipios en la misma categoría de población, de modo que se mantenga el acceso a los servicios bancarios, según se desprende del acuerdo firmado con el Gobierno.
Un plazo máximo de seis meses y puntos de acceso al dinero de marca blanca
Las entidades bancarias dispondrán de un plazo de seis meses, ampliables en otros seis más, para garantizar la puesta en marcha de al menos uno de los puntos de acceso, mediante actuaciones individuales, tanto directamente como mediante su participación en licitaciones realizadas por las administraciones públicas interesadas. En aquellos municipios en los que, transcurridos los seis meses fijados, no cuenten con un punto de acceso, el sector se compromete en el plazo adicional de seis meses, a través de una iniciativa conjunta, a la instalación de un cajero genérico gestionado por un operador específico con las funcionalidades necesarias para la prestación de servicios bancarios básicos y que permita la retirada de efectivo. Esta iniciativa se completará con el desarrollo de acciones formativas dirigidas a facilitar el uso del nuevo servicio.
El desarrollo de este compromiso se apoyará también en la colaboración público-privada, que podrá llevarse a cabo, entre otras modalidades, a través de la cesión de un espacio físico adecuado, con las condiciones de seguridad necesarias, y de las conexiones a infraestructuras tecnológicas oportunas. Precisamente, el Gobierno de España deberá ofrecer una buena conectividad que ahora mismo es complicada en no pocos pueblos de la provincia de Zamora, por lo que ahí es donde comienza el trabajo.
