El abandono del servicio de urgencias del Virgen de la Concha fue apoteósico: “De la cárcel se sale, pero del cementerio no”. La médica acababa de comunicar a la paciente que, una vez estudiado el resultado de las pruebas que le había realizado durante la madrugada por el dolor lumbar que manifestó tener, no había rastro de ninguna patología que recomendara ni ingreso en el centro hospitalario ni su traslado en ambulancia.
El marido de la enferma se negaba a acudir con su propio vehículo para llevarla a su domicilio y no dudó en proferir graves amenazas de muerte de forma reiterada contra la facultativa, en un intento de amedrentarla para que ordenase el transporte sanitario, según el relato que se incluye en las diligencias que abrió el Juzgado contra el varón por atentado contra la autoridad, ocurrido el 23 de diciembre de 2021.
Cuando la profesional sanitaria redactaba el informe médico, el hombre, con antecedentes penales por otros delitos, no dudó en espetar “voy a traer una recortada, esto no va a quedar así”. El “tono agresivo” del imputado no cesó, sino que persistió en su actitud y lanzó nuevas “advertencias” a la especialista para tratar de conseguir su finalidad: que su esposa llegara a casa en ambulancia.
De nada sirvieron las explicaciones de la especialista de urgencias, por lo que fue necesaria la intervención del vigilante de seguridad del Hospital Virgen de la Concha, ante cuya presencia el ciudadano no se achantó. El vigilante terminó por pedir la intervención de la Policía Nacional, que se personó en las dependencias de urgencias para calmar los ánimos del individuo, que ha terminado acusado y con petición de penas de prisión por atentar contra la médica.
Este episodio toma aún un cariz más grave porque la mujer acudió al servicio de urgencias del Virgen de la Concha sin advertir que estaba contagiada del COVID-19, lo que implica que “ha quebrantado el aislamiento domiciliario utilizando un servicio público de taxi para desplazarse hasta el hospital”, según consta en las diligencias judiciales.
La paciente pasó por la denominada zona limpia de COVID, por admisión, por la sala de espera, donde había más pacientes, y por triaje, para ser conducida a la sala de yesos hacia las 7.28 horas, donde fue auscultada por la médica. Es entonces cuando, al comenzar a preguntarle sobre su historial médico y las dolencias que padecía en ese momento, y conocer sus antecedentes, la paciente informa de que es positiva al virus desde el 13 de diciembre, sin que su médico de familia le haya dado el alta.
De hecho, al revisar su historial se comprueba que se le confirmó la baja médica por esa enfermedad el 21 de diciembre “por sintomatología respiratoria”. Cuando la facultativa le advierte de que su comportamiento no es el adecuado, “la paciente se enfada”.
Una vez constatado que los dolores no eran por una patología grave y estipulado el tratamiento, mientras la médica hace el informe de urgencias escucha las amenazas del marido de la mujer, que grita: “ella no tiene por qué decir nada, hagan las pruebas que par eso están”.
La Fiscalía pide un año de prisión por atentar contra el facultativo
La Fiscalía Provincial pide al Juzgado que condene al acusado a un año de prisión por el hostigamiento y las amenazas de muerte que profirió contra la profesional de la sanidad, considerada como autoridad al producirse el episodio en el centro en el que la denunciante desarrolla su trabajo, circunstancia que permitió imputar al zamorano un delito de atentado contra la autoridad pública por su condición de funcionario y estar ejerciendo en el Hospital.
El incremento de este tipo de situaciones que ponen en riesgo la integridad física del colectivo llevó a incluirles como autoridad pública en el Código Penal cuando sean víctimas de agresiones por parte de pacientes mientras ejercen en las consultas o servicios sanitarios dependientes de la Administración pública, del Sacyl.
El Tribunal Supremo especifica que “las agresiones ejecutadas contra funcionarios públicos en el ámbito de la sanidad y de la educación, consistentes en acometimiento, en empleo de fuerza, intimidación grave o resistencia activa también grave, quedan incluidas” en ese delito de atentado. La Policía Nacional creó el interlocutor sanitario en 2017 que ha formado en autoprotección y prevención a más de 150 profesionales.
Las agresiones hacia los profesionales de la medicina suelen quedarse en amenazas, el 48% de los casos denunciados; seguidas de los insultos, que constituyen casi la mitad de esos comportamientos. Muy por debajo están las agresiones físicas, las lesiones, que suelen centrar el 13% de las denuncias.
