Los planes de la Diputación de Zamora para ayudar a paliar la exclusión financiera en los pueblos siguen supeditados a los movimientos de mayor calado que está realizando el Gobierno de España. El Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez ha iniciado ya la negociación con la banca para elaborar un plan de medidas que mejore el acceso a los servicios financieros básicos en las zonas rurales, particularmente al efectivo, y la institución provincial entiende que debe frenar sus iniciativas propias a la espera de ver de qué modo puede resultar más útil su intervención.
La propuesta que está en marcha
Según trascendió a mediados del mes de julio, la propuesta que va tomando forma llevaría a las entidades financieras a instalar cajeros automáticos en los municipios de más de 500 habitantes que carezcan de otra vía de acceso a los servicios financieros. Eso sí, la intención de los bancos es compartir el coste de la puesta en marcha con el sector público, e intervenir en aquellas zonas donde haya espacios físicos adecuados, acceso a internet y se cumplan los requisitos de seguridad necesarios.
El planteamiento inicial de las patronales bancarias era instalar cajeros en todos los municipios de entre 1.000 y 5.000 habitantes que no contaran con uno y en algunas localidades de más de 700 vecinos. El Ministerio de Economía, sin embargo, les reclamó bajar el umbral a todos los ayuntamientos de más de 500 habitantes, lo que permitiría asegurar este servicio, como mínimo, en un 16% de los municipios de la provincia.
En Zamora, esta medida aseguraría que un 73% de la población, unos 122.000 habitantes, tuviera acceso a efectivo en su municipio, lo cual no quiere decir que cuente con él en su pueblo, pues hay determinados ayuntamientos que suman más de 500 vecinos gracias a la suma de sus anejos.
En todo caso, una parte importante de la provincia quedaría fuera de esta medida, y convertiría en insuficiente el esfuerzo de un Gobierno que se muestra consciente de que las zonas rurales, además de estar más desatendidas, presentan en muchos casos una edad media de sus habitantes entre siete y ocho años superior al conjunto del país, así como un nivel de renta algo más bajo.
Segmentación de los municipios
Desde esta premisa, los bancos han planteado al Gobierno segmentar los municipios según sus habitantes y elaborar un menú de medidas distintas en función del tamaño de la población. A partir de ahí, está por ver qué modelo de aplicación se escoge y qué plazos se marcan, aunque se está hablando de entre dos y tres años, en función del sistema elegido, para poder acometer la implantación en los territorios.
Todos estos movimientos, que parten de la aprobación de un acuerdo contra la exclusión financiera que se alcanzó en el Senado a comienzos de año, han paralizado los movimientos de la Diputación de Zamora, que ya en 2021 se había puesto en contacto con algunas empresas para ver de qué modo podía ayudar a paliar este problema que afecta cada vez a más vecinos de la provincia. No en vano, entre 2016 y 2021, los municipios zamoranos de menos de 5.000 habitantes padecieron el cierre de 59 de las 112 sucursales que tenían hasta ese momento y se quedaron en tan solo 53.
“Seguimos esperando a que el Gobierno tome las medidas oportunas”, aclaró el vicepresidente segundo de la institución provincial, Jesús María Prada, que se está encargando de llevar personalmente esta cuestión. El dirigente de la Diputación ha recibido varias preguntas de los ayuntamientos durante los últimos meses, pero los propios alcaldes apuestan también por esperar al conocer las intenciones del Gobierno. Desde La Encarnación, la idea es complementar las acciones del Ejecutivo para poder llegar a algunas localidades de menor tamaño si sus representantes así lo requieren.
