El proyecto para la reapertura del campamento de Monte la Reina ha encontrado su primer escollo en el propio Ejército, cuyos efectivos son los protagonistas de esta iniciativa enmarcada dentro de las políticas contra el reto demográfico. La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) ha criticado duramente al Gobierno de España, al que ha acusado de ejecutar un movimiento “muy parecido a la trata de personas” con su intención de trasladar hasta las afueras de Toro a dos batallones conformados por más de un millar de profesionales. Una “repoblación propia de otras épocas”, a juicio de esta organización, contra la que han anunciado que emprenderán de inmediato cuantas medidas estén en su mano.
Esta asociación de militares, una de las más representativas dentro del sector, ha afeado al Ministerio de Defensa que esté trabajando en la reapertura del acuartelamiento zamorano “sin haber informado” de manera oportuna a los propios afectados. “La envergadura del proyecto convulsiona a miles de militares que, tras conocer el tipo de unidades que serán trasladadas, están siendo fruto de una gran incertidumbre al no notificar la decisión ni a las unidades implicadas ni al resto de las Fuerzas Armadas”, han expresado a través de un comunicado. “Una incertidumbre que abarca, no solo a los militares afectados, sino también a sus familias, a los trabajos de los cónyuges, a los colegios de los hijos, al espacio habitacional y a la situación de los convivientes con dependencia, por ejemplo”, han añadido.
El Gobierno de España ha sido el que ha incluido este proyecto dentro de la política de descentralización del Estado, lo que ha cabreado a estos militares, al considerar que este traslado “nada tiene que ver con las necesidades operativas de la Defensa”. A juicio de la asociación, lo único que aquí está en juego es “lo que tanto los militares como sus familias pueden aportar a la economía local” de la provincia de Zamora, de manera que “no interesa el trabajo que vayan a realizar los profesionales, sino lo que su ámbito personal y su aporte económico ofrezcan a la zona”. En resumen, la AUME cree que “se trata de beneficiar a una población mediante el perjuicio de otras personas”.
Por todo ello, la Asociación Unificada de Militares Españoles ha exigido al Ministerio de Defensa “máximo respeto” a los militares, “total transparencia” sobre las unidades afectadas y “diálogo social” con los representantes de los militares, ya que estos profesionales requieren “el mismo trato y atención que se quiere dar a la población que se pretende beneficiar”. Unas premisas que, hasta la fecha, no se habrían dado por parte de los responsables gubernamentales, a quienes afean que los efectivos se reduzcan a ser una simple moneda de cambio para el reto demográfico.
Esta crítica al Gobierno de España es la primera que se produce en torno al proyecto de reapertura del campamento militar de Monte la Reina, que de manera generalizada ha cosechado buenas opiniones desde los diferentes sectores sociales y económicos, y también desde todos los espectros políticos. Las palabras de la AUME llegan apenas unos días después de que la ministra Margarita Robles visitara las instalaciones del acuartelamiento para conocer sobre el terreno los planes que el Ejército de Tierra tiene de cara al futuro para una iniciativa que está presupuestada en 85 millones de euros de dinero público.
