La descentralización de los organismos y las instituciones del Estado ya está sobre la mesa. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha abierto a la posibilidad de trasladar determinadas sedes a los territorios periféricos para construir lo que el dirigente valenciano Ximo Puig ha definido como una España policéntrica. Los colectivos de la Zamora Vaciada han recibido este movimiento con agrado, desde la perspectiva de que la provincia puede verse beneficiada de ese giro en las políticas que busca repartir un peso que, hasta ahora, recaía principalmente en Madrid.
En ese sentido, desde la Coordinadora Rural y Zamora 10 coinciden en señalar la ventana de oportunidad que se presenta ante la provincia con este cambio de paradigma, y abogan por trasladar también esa visión a los niveles territoriales inferiores. Ambos colectivos dirigen la mirada hacia la Junta de Castilla y León para que inicie un proceso de reflexión en este sentido y la Coordinadora Rural mete también en este saco a la Diputación, dentro de sus posibilidades.
Así, el portavoz de este colectivo de la Zamora Vaciada, Chema Mezquita, subraya que “el proceso de desconcentración se tiene que dar a todos los niveles”. Esa idea se basa en la percepción de que la Junta de Castilla y León podría descargar el peso institucional de Valladolid para favorecer a las zonas más castigadas de la comunidad, mientras que la Diputación también tendría en su mano la posibilidad de ejecutar distintas ideas y planes fuera de la capital. Aquí se enmarcan proyectos como la puesta en marcha del parque tecnológico que se abrirá en la Aldehuela.
En todo caso, centrado especialmente en el Estado y en la comunidad autónoma, Mezquita cree que la descentralización se tiene que plasmar como un proceso “coordinado y serio”, que huya de la improvisación: “No puede ser una subasta o una disputa entre los territorios y no se debe abrir el melón sin que existan criterios objetivos”, reflexiona el dirigente de la Coordinadora Rural.
Además, Mezquita indica que, para la provincia, “es importante que vengan organismos con mucha mano de obra”. Es decir, que atraigan familias y que sirvan como elemento real de lucha contra la despoblación. Zamora es actualmente el segundo territorio de Castilla y León con menos funcionarios del Estado. Según las cifras oficiales, cuenta con 1.647 efectivos, solo por delante de Soria y por detrás de provincias con menos habitantes en total, como Palencia, Ávila o Segovia.
En esa línea, el impacto de organismos, instituciones o empresas públicas podría repercutir de un modo importante en el devenir demográfico del territorio. Así lo entiende también Francisco Prieto, el gerente de Zamora 10, que apunta que la asociación para el desarrollo “ha reclamado siempre” este tipo de oportunidades para ir cortando la sangría poblacional.
Prieto opina que la llegada de “un organismo con treinta funcionarios y sus respectivas familias” ya sumaría para una provincia que “está bien comunicada con Madrid y es cómoda y barata”. El responsable de Zamora 10 considera que el Gobierno podría empezar con la descentralización de sus propios servicios vinculados a la lucha contra la despoblación y estima que la Junta también debe hacer esfuerzos más allá de la presencia del Consejo Consultivo.
Además, el gerente de Zamora 10 apuesta por una reivindicación combinada con el trabajo paralelo que, a su juicio, se debe iniciar para lograr que los funcionarios que lleguen se queden en la provincia y no acaben residiendo en las provincias vecinas, como ocurre ahora.
Por el momento, la provincia aguarda los próximos movimientos con la esperanza de que la desconcentración repercuta en el territorio de España que más población pierde en estos momentos.
La inversión prevista para Monte la Reina se enmarca en estos planes
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, enmarcó la inversión prevista para el año 2022 en el campamento militar de Monte la Reina dentro de los planes de descentralización que tiene en mente el Ejecutivo para los próximos años. De hecho, el dirigente socialista subrayó que el objetivo de el esfuerzo presupuestario estaba ligado a la pertinencia de “garantizar la presencia territorial del Ejército en otras zonas del país”. De este modo, el proyecto de Monte la Reina aspira a ejercer como el primer paso hacia la descentralización que reporte beneficios directos a Zamora. El Gobierno ha presupuestado veinte millones de euros para el ejercicio 2022, aunque el proyecto en total tendrá un coste superior a los 80 millones. Además, según los estudios elaborados para analizar el impacto económico del traslado de los militares, el campamento de Monte la Reina podría aportar entre 40 y 50 millones de euros de forma anual al PIB de la provincia.
Braganza ya es el eje de la lucha contra la despoblación en Portugal
Portugal ya ha iniciado un proceso de descentralización de sus instituciones como el que ahora quiere acometer España. De hecho, la vecina localidad de Braganza es uno de los territorios beneficiados por esos movimientos. Poco antes de la pandemia, el gabinete de la Secretaría de Estado de Valorización del Interior, dedicado a la lucha contra la despoblación, se instaló en las dependencias de Brigantia Ecopark con su responsable, Isabel Ferreira, a la cabeza. El Gobierno portugués explicó que ese movimiento funcionaba como “la señal” de que el Ejecutivo pretendía trasladar determinados organismos fuera de Lisboa y comunicó que, en Braganza, iban a trabajar tres técnicos oriundos de la propia zona de Tras-os-Montes. La idea de los activistas contra la despoblación en la provincia de Zamora es hacer fuerza para lograr que pequeños movimientos como estos repercutan también en este territorio una vez el Gobierno se decida a acometer el citado proceso de desconcentración.
