El Ayuntamiento de Zamora ha presentado una denuncia contra su interventor municipal, Francisco Javier López Parada, por las responsabilidades penales que pudieran derivarse de un presunto acceso a los expedientes investigados por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional dentro del caso Raga, así como del asesoramiento al exjefe del servicio de Parques y Jardines, Alberto Vega. Una denuncia que se complementa con una comunicación realizada a la Junta de Castilla y León en la que se describe lo sucedido en torno al alto funcionario al considerar que ha incurrido en una “falta grave” que requeriría de la apertura del correspondiente expediente disciplinario.

Francisco Guarido ha informado sobre la interposición de esta denuncia el pasado viernes día 8 de octubre, tras conocer los detalles de dos informes de la UDEF y una auditoría interna que revelarían posibles irregularidades en el desempeño de las funciones del interventor municipal. Respecto a esta última, el alcalde ha desvelado que López Parada, pese a encontrarse de baja médica, entraba de manera recurrente a la sede electrónica para consultar y descargar paquetes de archivos relacionados con el caso Raga. Siempre de acuerdo con el resultado de esta auditoría, el interventor “entró en muchos expedientes muy sensibles” sin necesidad aparente de consultarlos, debido a su situación de baja.

A juicio del regidor municipal, estos hechos podrían tener “trascendencia y reproche penal”, motivo por el que los ha puesto en conocimiento del juzgado, al que también ha aportado dos informes de la UDEF que recogen unos mensajes de móvil entre ambos funcionarios que ya fueron desvelados por este diario. Tras tener conocimiento de esas conversaciones, la propia Policía Nacional ha concluido en uno de los informes, según ha expresado el alcalde, que el interventor “utilizaba las prerrogativas de su cargo” para obtener información sobre el caso y la investigación. De acuerdo con las explicaciones de Guarido, la Policía Nacional “se ha sorprendido al ver que Alberto Vega estaba recibiendo asesoramiento de parte del funcionario encargado del control financiero del Ayuntamiento de Zamora y una de las personas que debía haber detectado las actividades defraudatorias” que, presuntamente, se estaban produciendo”.

El alcalde ha apuntado a que el interventor municipal podría, presuntamente, haber enviado información y documentos al exjefe de servicio investigado, lo que le habría dado una “sensible ventaja”, ya que habría tenido conocimiento de esa información antes incluso de que lo tuviera el juzgado que lleva el caso. La presunta participación del interventor municipal en la trama Raga llegó a tal punto que el Ayuntamiento de Zamora decidió bloquear su acceso a la sede electrónica tras comprobar, hace varios meses, que el alto funcionario “consultaba y descargaba constantemente expedientes sensibles” sin tener motivos profesionales.

Guarido eleva el asunto también ante la Junta de Castilla y León

El Ayuntamiento de Zamora ha trasladado a la Junta de Castilla y León los hechos que involucran al interventor municipal en el caso Raga al considerar que pueden ser constitutivos de “falta grave” por parte del empleado público. Concretamente, Francisco Guarido se ha dirigido a la Dirección General de Administración Local correspondiente a la Consejería de la Presidencia, con quien ya se produjo un conflicto en el pasado a cuenta de un cruce de denuncias entre alcalde e interventor que se saldó con la interposición de una sanción de suspensión de empleo y sueldo de cinco meses para el alto funcionario que posteriormente fue levantada “sin que nadie haya explicado todavía por qué”, como así ha recordado el regidor municipal.

Guarido ha defendido que el equipo de Gobierno ha cumplido con su obligación y con el sentido de “valor moral y ético que tiene de la política” al llevar el caso al juzgado, aunque ha lamentado que el tiempo que les ha llevado este caso no lo han podido dedicar a otras tareas de su responsabilidad municipal. “Aun así, hemos hecho lo que correspondía, porque por encima de todo lo demás está impedir de manera definitiva la corrupción en el Ayuntamiento de Zamora”, ha señalado. “De esta manera, cuando salgamos de este ayuntamiento podremos decir que hemos hecho todo lo que ha estado en nuestra mano para limpiar la institución de corrupción, aunque nos haya costado más tiempo que podíamos haber dedicado a otros asuntos”, ha añadido.