El Ayuntamiento de Zamora pedirá a la juez que imponga fianzas para cuatro investigados en el caso de la presunta trama de Raga, la empresa adjudicataria del servicio municipal de Parques y Jardines, a los que dejó ayer en libertad provisional tras encontrar “indicios bastantes” de responsabilidad de cada uno de los detenidos en la comisión del “delito de malversación” de caudales públicos, según ha podido saber LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA. Un fraude cifrado en 982.000 euros por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría de Zamora, relativo a 2014-2019.
Se trata del exdirector ejecutivo de la empresa Raga, de iniciales G.R.G., ahora apoderado y consejero delegado hasta mayo de 2020, dos meses después de la detención del jefe del servicio de Parques y Jardines, Alberto Vega Vicente, también investigado en esta causa pero que declaró en Comisaría el día 28 de septiembre. Esta causa judicial es una pieza separada de la principal abierta por delitos de corrupción en la que se encuentra inmerso Vega Vicente, en libertad bajo fianza de 65.000 euros desde marzo, cuando se le detuvo.
Otro de los investigados ahora es el exresponsable de la zona Noroeste de Raga, de iniciales A.G.I., hombre de confianza, al parecer, del exdirector ejecutivo, quien operaba también desde Madrid y que dejó la empresa en 2017, según afirmó ayer en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Zamora. Este excargo de Raga sostuvo que nunca intervino en una obra menor adjudicada por el Ayuntamiento o de carácter privado en la que se desviaran empleados de la contrata de Parques y Jardines ni se usara maquinaria destinada a cumplir con el contrato que Raga tiene del servicio municipal.
Los otros dos interrogados ayer por la juez son trabajadores adscritos a Parques y Jardines por dicha empresa: el encargado, de iniciales S.M.; y un técnico de la empresa, F.A., ambos con responsabilidad sobre el resto de los 23 empleados del servicio, de acuerdo con las pesquisas judiciales.
Al parecer, se llegó a admitir que personal de Raga realizó algunos trabajos en fincas privadas, así como que se instalaron elementos de juego, “viejos y sin uso municipal”, en alguna ocasión, pero los investigados no irían más allá, según pudo saber este diario.
Si bien el delito de malversación de caudales públicos solo se puede aplicar a los funcionarios o empleados públicos, lo cierto es que la posible existencia de la trama para defraudar a la Hacienda Municipal implicaría el delito de cohecho y fraude a la Administración para el resto de investigados, los dos cargos de Raga.
La falsedad documental será otra de las infracciones penales en las que se centrará la juez, puesto que el Ayuntamiento denunció en su día el endoso de facturas de más de 60 obras menores (de menos de 60.000 euros) adjudicadas a Raga al margen de la contrata y ejecutadas con personal, herramientas y material de la adjudicataria. Además, se investigan facturas relativas al recambio de ruedas de vehículo un taller de la raya o de piezas que nunca se habrían llevado a cabo en realidad, según las comprobaciones de la Policía Nacional.
Dos investigados más
Precisamente, la juez partía ayer de un informe de más de 400 páginas elaborado por la UDEV, tras la investigación emprendida en marzo de 2020, una vez arrestado Vega Vicente, unas pesquisas que incluyen dos investigados más, al parecer, personal vinculado al Servicios de Jardines que presta Raga al Ayuntamiento, quienes testificaron en la Comisaría en su día. La investigación aún está por cerrar, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ayer tarde.
El Juzgado número 5 abría diligencias este 29 de octubre con el interrogatorio en la sala de vistas de los cuatro arrestados por separado, en presencia de la fiscal jefe de Zamora, del abogado del Ayuntamiento, acusación particular, y de abogados de las defensas.
