Iberdrola ha rechazado “las acusaciones” del vicepresidente segundo de la Diputación de Zamora, Jesús María Prada, en relación al vaciado de Ricobayo. El delegado institucional de la empresa en Castilla y León ha respondido a la carta remitida por el dirigente zamorano al consejero delegado de Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán, y lo ha hecho para defender que los planteamientos de la queja “no se ajustan a la realidad”.
Cabe recordar que Prada envió una carta a la empresa hace tres semanas en la que subrayó que “nunca Iberdrola se había comportado de una manera tan sectaria y usurera, vaciando embalses para llenar sus cuentas”.
En ese sentido, desde Iberdrola han expresado su comprensión por el contexto en el que se ha enviado la carta, pero han insistido en que “la explotación de Ricobayo se está realizando dentro de los rangos establecidos por la concesión vigente y con normalidad”.
De hecho, desde la empresa energética han incidido en que el embalse ha alcanzado estas cotas hasta en ocho ocasiones en los últimos 25 años: “Ricobayo forma parte de los embalses de regulación anual. Por eso, es habitual el descenso de reservas en la época estival, cuando coincide que el sistema demanda producción hidroeléctrica y hay escasas aportaciones”, han remarcado desde Iberdrola.
El delegado autonómico de la empresa ha aportado otros datos sobre las circunstancias del embalse y ha remarcado que se encuentra en “permanente contacto y coordinación” con el alcalde de Muelas del Pan.
Petición de una auditoría
Los alcaldes ribereños de los 19 ayuntamientos afectados por el “vaciado” del embalse de Ricobayo pedirán al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico una “auditoría medioambiental inmediata” para valorar el impacto del drástico descenso del nivel del agua sobre la fauna, flora y en general el ecosistema de la zona.
Así lo confirmó Javier Aguado, alcalde de San Cebrián de Castro y representante de la Federación de Asociaciones y Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses (Femembalses). “Si de esa auditoría que reclamamos se derivase un daño ambiental, solicitaremos que se desautorice la concesión a Iberdrola”, indicó Aguado, que afirmó que esta misma medida se propondrá para “todos los pantanos del país, porque es necesaria una revisión de los impactos”. “No podemos pensar que las normas de hace décadas valen para ahora porque todo ha cambiado y desde el punto de vista medioambiental muchísimo más”, añadió.
El informe emitido por la Federación de Asociaciones y Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses insiste en los argumentos de los municipios e incide en que “el paisaje desértico que ha quedado unas 5000 hectáreas de terrenos afectados por la bajada del nivel de embalse repercute en una degradación del paisaje y unas afecciones medioambientales que contribuyen negativamente a los usos de los recursos de los habitantes de estos municipios”.
