El Ayuntamiento de Zamora y la UTE Magallanes han puesto fin al proceso judicial sobre la resolución del contrato de obra del Banco de España. Un acuerdo mediante el cual las empresas Emergis y Alea desisten del recurso presentado contra el procedimiento iniciado por la Junta de Gobierno Local, al tiempo que obtendrán la devolución de la fianza, que asciende a 31.000 euros. Con este movimiento, la administración dirigida por Francisco Guarido consigue vía libre para volver a sacar a licitación estos trabajos. Una intervención que ascenderá en presupuesto hasta los 1,1 millones de euros, después de pasar por contratistas a la fuga y adjudicaciones desiertas.
El acuerdo para poner fin al proceso judicial ha sido ratificado por la Junta de Gobierno Local celebrada en la jornada de ayer y así lo ha señalado el equipo de Gobierno a través de un comunicado. De acuerdo a la información proporcionada por el Ayuntamiento de Zamora, la UTE Magallanes, formada por las sociedades gallegas Emergis y Alea, desistirá del recurso que había presentado contra la resolución municipal de octubre de 2020, mediante la que se pretendía actuar con todas las de la ley contra las empresas por incumplimiento de contrato. Lo hará, eso sí, a cambio de recibir la fianza depositada y que previamente había sido incautada. Una solución que, en definitiva, permite al Consistorio ganar tiempo para poder dejar atrás esta adjudicación y afrontar un nuevo proceso de licitación.
La obra del Banco de España, por lo tanto, tiene por delante el reto de convertirse en realidad después de varios años de peregrinaje en el desierto. Para ello, el Ayuntamiento de Zamora pondrá encima de la mesa 1,1 millones de euros, un incremento de precio que se justifica en mejoras en las instalaciones y un ajuste de los costes.
La obra irá hacia su tercera adjudicataria desde 2016
La obra del Banco de España pasará por su tercer contratista en cinco años, después de convertirse en la obra maldita del actual equipo de Gobierno. Para conocer la intrahistoria de esta situación hay que remontarse hasta agosto de 2016, cuando el Ayuntamiento de Zamora firmaba con la UTE Urvios-Proforma la ejecución de la reforma por 633.000 euros, con una baja del 25% sobre el presupuesto base de licitación que la convertía en temeraria. No obstante, estas sociedades nunca tuvieron intención de realizar el proyecto en las condiciones pactadas y pronto empezaron sospechosos remilgos que terminaron con un abandono por parte de los adjudicatarios dejando tan solo materializado un tercio de lo acordado en el contrato.
Tras ello, el Consistorio volvió a sacar el proyecto a licitación por 685.000 euros, pero el concurso quedó desierto. Eso obligó a incrementar el presupuesto en torno a un 20% hasta los 890.000 euros y ahí sí se encontró un licitador en la UTE Magallanes formada por las sociedades gallegas Emergis y Alea. Sin embargo, nuevamente comenzaron los problemas incluso antes de abrir las puertas del recinto y finalmente terminaron también por abandonar Zamora sin apenas haber tocado un pico.
