Los sindicatos Comisiones Obreras y Unión General de los Trabajadores se concentraron ayer frente a la Subdelegación del Gobierno para clamar por condiciones más seguras en los puestos de trabajo. Medio centenar de personas participaron en un acto de protesta en el que reclamaron “la plena integración de la salud laboral en la salud pública” y una mayor implicación de la Junta de Castilla y León en la protección de la seguridad y salud de los trabajadores a través de las medidas dispuestas en el VI Acuerdo para la Prevención de Riesgos Laborales. Representantes de ambas organizaciones leyeron un manifiesto en el que incidieron en que este tipo de cuestiones deberían ser “de primer orden en la agenda política nacional”, pero lamentaron que no sea así. “Un buen ejemplo es el elevado número de accidentes de trabajo que han tenido lugar a lo largo de 2020, a pesar del descenso de la actividad económica”, expusieron.
La siniestralidad laboral es, de hecho, uno de los principales problemas que quieren enfrentar las organizaciones sindicales de cara al futuro. “El pasado año, lejos de disminuir, el número de accidentes de trabajo mortales ha aumentado un 27,5% en el conjunto de Castilla y León”, declararon durante la concentración. “El saldo es descorazonador: 75 personas de la comunidad han fallecido trabajando y lo han hecho por causas directamente relacionadas con las condiciones de trabajo, especialmente por cuestiones de seguridad como caídas desde altura, aplastamientos o golpes”, añadieron. “Además, las enfermedades profesionales han corrido la misma suerte y en 2020 se han declarado un 37% menos que el año anterior, lo que imposibilita la prevención de múltiples patologías relacionadas con el entorno laboral, algunas de ellas mortales, como los cánceres que tienen ahí su origen”, detallaron.
