Se confesó ludópata en el mismo juicio. Admitió que “cuadraba las cajas” para impedir que le descubrieran, pero que cuando se efectuó la última auditoría interna de su gestión “ya le dije al auditor: “Manolo, no hay dinero porque me lo he jugado todo””, declaró ayer el empleado de banca en la vista oral de la Audiencia Provincial, acusado por la Fiscalía de apropiación indebida.
El imputado explicó que “según iba perdiendo, iba sacando dinero” de las cuentas de los clientes de oficinas de La Carballeda. Así hasta 207.656,42 euros en tres años, entre marzo de 2016 y de 2019, dinero del que no queda nada, espetó ante los magistrados el zamorano de iniciales R.F.V., procesado también por falsedad documental, por alterar la contabilidad. Minutos antes había admitido que el 14 de febrero de 2019, cuando se hizo la investigación interna no programada, “me comprometí a devolver el dinero con los auditores si me ayudaban mis familiares, pero no pude”.
Ludopatía y ansiedad
El procesado manifestó que la adicción al juego ya le había llevado a los médicos en 2018 y que incluso tuvo varias entrevistas con el jefe de personal en las que “le dije que tenía problemas de ludopatía”, que acreditó con informes médicos y de un especialista. Frente a ese testimonio, el responsable de Recursos Humanos de la entidad declaró que R.F.V. “nunca alegó que sufriera ludopatía ni ansiedad”. La única preocupación del trabajador, apostilló, era “que ni su mujer ni los clientes se enterasen” de lo ocurrido “por vergüenza”. En “varias conversaciones telefónicas que se mantuvieron con él para ver cómo solucionar el problema” tampoco manifestó nada sobre la adicción.
Fue la entidad financiera la que asumió esa pérdida y devolvió las cantidades a los clientes de las oficinas de Mahíde, Villardeciervos y Ferreras de Abajo. El abogado de la entidad mantiene la petición de 6 años de prisión, multa de 6.480 euros y una indemnización igual la cuantía que sustrajo al desestimar que se pueda reducir la pena porque haya confesado el delito ni porque alegue la adicción al juego como atenuantes. Reconoce que se quedó el dinero “cuando a él le interesa”, en el mismo momento del juicio, “para que se le atenúe la pena de cárcel”, pero cuando ya está acreditado el delito, todo descubierto”, es decir, no cumple con el requisito de colaborar con la Justicia, añade el letrado.
La fiscal sí pidió a los magistrados que tengan en cuenta las dos atenuantes, pero redujo solo en un año la pena de cárcel que solicitaba, de modo que exige que se condene a R.F.V. a 4 años de reclusión. La acusación pública mantiene que el procesado persiguió “obtener un beneficio económico ilícito” al quedarse con 207.656,42 euros, para lo que “abusó de la confianza en la custodia de bienes ajenos”, el dinero de los clientes, y se sirvió de “su condición de único empleado de las oficinas” en las tres localidades, actuó con “deslealtad” y se sirvió “de una contabilidad totalmente ficticia” para que no le descubrieran.
La fiscal resaltó, al igual que la acusación particular, que existen pruebas de cargo al margen de la confesión del trabajador, como “el informe de la auditoría” que la propia entidad realizó en las tres sucursales el 14 de febrero de 2019 y “la carta de despido”. Sostuvo que el acusado logró su objetivo, desviar bienes de los clientes en su beneficio, con la falsificación de la contabilidad de las oficinas “para engañar" a la entidad de ahorros, de ahí el delito de falsedad documental. La defensa negó ese delito, al tiempo que solicita una condena de diez meses y medio de prisión, tras aplicársele las atenuantes de ludopatía y reconocimiento del delito, que sostiene que admitió el día de la auditoría no programada. En favor de su cliente, dijo que “nunca ha tenido ninguna amonestación desde que entró a trabajar en la caja en 1997”.
“Ni confesión ni intención de pagar, aunque fuera poco”
El abogado de la entidad financiera quiso desvirtuar al término del juicio la confesión inicial del empleado ante los auditores a que se vio “rodeado y perdido, sin ninguna defensa” para explicar la desaparición de los 207.656,42 euros de sus clientes. Solo en ese momento “firma los documentos” en los que reconoce la deuda y admite el despido disciplinario que le aplicó la entidad, agregó el abogado para argumentar que “nunca hubo un arrepentimiento por el perjuicio causado, ni una confesión”.
El letrado afirma que quien fue su empleado de confianza en La Carballeda “no ha tenido ningún gesto de arrepentimiento, no ha pagado aunque fuera una pequeña cantidad, si no podía toda, que dejara entrever una voluntad de devolver el dinero, que ha sido ninguna”.
Quiso el abogado hacer “otro matiz importante: los clientes sí han sufrido perjuicio, lo que ocurre es que el dinero lo ha repuesto” la entidad. Recordó que el imputado nunca confesó en el procedimiento judicial, “se acogió a su derecho de no declarar durante la instrucción”, por lo que la colaboración con la Administración de Justicia, reitera, no existió nunca. Destacó que hay pruebas suficientes de la auditoría interna y de manifestaciones del procesado de las que se deduce el delito.
Por lo que respecta a los dos informes psicológicos del Sacyl, declara que “se realizaron casi un año después del descubrimiento de las extracciones que venía realizando desde hacía tres años”. La conclusión para el abogado es que “ha ido al médico por la supuesta ansiedad que le haya podido causar el que le pillaron con las manos en la masa”, no porque tuviera una adicción al juego.
