La mitad de los asuntos que tramita el Juzgado de Menores de Zamora desde enero están relacionados con las agresiones de adolescentes a sus padres, una conducta que se disparó ya el año pasado cuando la denominada “nueva normalidad” dejó atrás el periodo de confinamiento. El número de expedientes abiertos a menores de entre 14 y 18 años por estas conductas, tipificadas como violencia intrafamiliar, supera desde enero a los registrados a lo largo de 2019, que fueron cuatro; e iguala a los habido en todo 2020.
El Juzgado tramitó ese año ocho casos, los mismos expedientes que mantiene abiertos desde enero, cinco de ellos por agresiones físicas de un menor a alguno de sus progenitores; y otros tres por amenazas, según los datos a los que ha tenido acceso este diario. La tónica ascendente llegó en cuanto se zanjó el periodo de confinamiento por la pandemia COVID, cuando la Fiscalía de Menores recibió seis denuncias en un mes, el doble de las registradas en el año anterior, explicó la fiscal delegada, Ángela Pérez González.
Los expedientes recibidos en el Juzgado de Menores hasta ahora ascienden a 16, con lo que esas ocho denuncias por violencia intrafamiliar “implican muchísimos casos” respecto del volumen total, indican las fuentes consultadas. Ese aumento se relaciona con “la tensión” que supone para los adolescentes cumplir con las restricciones impuestas por Sanidad. “Al no poder salir, las relaciones familiares se enturbian cada vez más y, a veces, se producen situaciones de conflicto que terminan en agresiones, amenazas, o maltrato psicológico de los hijos adolescentes hacia los padres”.
De hecho, si bien el periodo de confinamiento, entre marzo y mayo de 2020, no originó denuncias a hijos por maltrato “porque los padres han sobrellevado la situación como han podido, las familias han tirado como han podido”, explicaba la fiscal, fue concluir esa restricción y dispararse de forma preocupante las denuncias, abundaba la Fiscalía, aunque esa es la última opción siempre para los progenitores, que llegan “cuando ya están desbordados y destrozados. A veces, tras años soportando insultos, amenazas, agresiones de sus hijos o hijas”, reiteraba Pérez González ante lo que calificaba como una tendencia preocupante. Cada vez hay más casos a edades más tempranas, lo que impide la intervención de Menores, cuya competencia abarca las infracciones de niños y niñas de 14 a 18 años.
La convivencia en grupo educativo es la medida más generalizada adoptada por el juez para lograr que la niña o el niño salga de su hogar a un entorno en el que personal especializado se encarga de su reeducación, de que interioricen normas y se doten de herramientas para afrontar la frustración, que adquieran pautas de comportamiento y sigan rutinas; se les enseña a respetar las normas y asumir que tienen obligaciones legales como hijos. La medida se prolonga entre seis meses y un año y, al inicio, el contacto del menor con los padres es restringido, solo de llamadas telefónicas. A medida que avance la convivencia en grupo educativo, en función de la respuesta del adolescente, se amplían las llamadas y se permiten las visitas al hogar familiar.
Con posterioridad el juez decreta un periodo de libertad vigilada para poder controlar que esas conductas violentas no se repitan. Si protagoniza algún incidente, la libertad vigilada permite “establecer otros mecanismos, como cursos y reuniones con padres e hijos, o de ambos, con la Unidad de Intervención Educativa de la Junta de Castilla y León”, encargada del control de la evolución del menor.
“Muchas veces, no son conscientes de la gravedad de sus conductas”, como demuestran al declarar que “solo empujé” o “le grité porque me quitó el móvil y me enfadé”, indican fuentes judiciales, pero “tienen que entender que esos comportamientos no pueden producirse”. El grueso de los casos que llegan al Juzgado, de los que da traslado la Fiscalía, afecta a adolescentes de entre 14 y 16 años, aunque este comportamiento también provoca denuncias en la franja de edad de 16 a 18 años. Los casos de menores de 14 años se quedan en el ámbito de Protección a la Infancia de la Junta.
Las agresiones físicas o psicológicas no dependen de la extracción social del menor ni de la nacionalidad, se concreta para echar abajo los prejuicios arraigados en la sociedad. Castilla y León tiene con ocho centros para menores infractores con 131 plazas para cumplir las medidas privativas de libertad y de convivencia en grupo educativo: dos son centros propios (el Zambrana y Los Manzanos); y 6, centros colaboradores, uno de ellos en Zamora.
