El Tribunal Superior de Justicia da la razón al Ayuntamiento de Zamora y condena a Iridium, antigua concesionaria de los aparcamientos de San Martín y Constitución, aumentando la cantidad que deberán abonar a las arcas municipales: hasta casi 2,2 millones de euros, además de la condena en costas, si bien cabe recurso de casación pero ya solo contra el Tribunal Supremo.
El Juzgado de Zamora de lo Contencioso-Administrativo dirimió el pleito de la liquidación de las obras de los aparcamientos de San Martín y Constitución condenando a la antigua concesionaria a pagar 1.695.496 euros al Ayuntamiento, cantidad que ahora se eleva en medio millón de euros más. Un pleito en el que la diferencia de cifras era totalmente dispar, ya que Iridium reclamaba al Ayuntamiento más de 20 millones de euros. Una circunstancia con la que se encontró el equipo de Gobierno en junio de 2015 como herencia del mandato anterior.
Una vez que el Ayuntamiento licitó la gestión de los citados aparcamientos a una nueva concesionaria en 2018, el equipo de Gobierno encargó estudios económicos al respecto para cuantificar la liquidación que le correspondía a Iridium. Dichos estudios reflejaron una tasación final de 2.500.000 de euros a favor del Ayuntamiento frente a los más de 20 millones reclamados por la empresa.
Conoce la cronología de los hechos
Los aparcamientos subterráneos de San Martín y la plaza de la Constitución terminaron de construirse en 2001 y 2002 a cargo de la empresa Urbaser con una concesión administrativa para su explotación durante 33 años. El contrato fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en 2004, a raíz de una demanda presentada por una de las empresas concursantes que se consideró perjudicada. Tras los recursos pertinentes, el contrato queda definitivamente anulado por el TSJ en 2006, a consecuencia de lo cual el Pleno acuerda encargar a la empresa que continúe con la explotación del servicio (ORA y aparcamientos) hasta que se ejecute la sentencia y se realice la nueva adjudicación del servicio, cosa que no se hizo hasta dos años después.
La nueva sentencia supone para el equipo de Gobierno "el cierre de los temas judiciales que dejaron pendientes anteriores equipos del PP, caso también de Valorio, en el que se condenó al Ministerio de Hacienda al reembolso de 350.000 euros más intereses, o del Centro Deportivo de Vista Alegre, que pedían al Ayuntamiento 2.200.000 euros", exponen.
