“Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral”. Así reza el artículo 15 de la Constitución Española, el epígrafe elegido por la Junta de Castilla y León para defenderse del recurso presentado por el Gobierno de España frente al Tribunal Supremo contra el adelanto del toque de queda. El presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco, lo tiene claro. Si no hay vida, no hay más derechos que disfrutar. Por eso, la vida va por delante de cualquier otra actividad y en virtud de eso se justifica la restricción a la movilidad desde las ocho de la tarde. Los datos, ha señalado, le dan la razón. Y es cierto. Desde la entrada en vigor de esta medida, la tendencia explosiva de contagios se ha contraído. Ahora, tan solo falta que los jueces también se la den.
Tras agotar todos los plazos, la Junta de Castilla y León ha respondido por fin al recurso que el Gobierno de Pedro Sánchez interpuso nada más conocer la intención regional de adelantar el toque de queda más allá de la delimitación horaria expresada en el Real Decreto del estado de alarma. Una decisión que, a juicio de Alfonso Fernández Mañueco, ha retratado al Partido Socialista y a Unidas Podemos. “Pudieron optar por la vía política, a través del diálogo en el Consejo Interterritorial de Salud, o por la vía administrativa, para anular el acuerdo”, ha indicado. “Pero, en lugar de eso, han acudido a la vía judicial y, sorprendentemente, sin solicitar medidas cautelarísimas; en cierto modo, así han contribuido a consolidar los efectos del acuerdo que pretenden anular”, ha añadido.
La defensa de Castilla y León frente al supremo, por lo tanto, enumera razones sanitarias, sociales y jurídicas. En el apartado sanitario, Mañueco ha destacado que la medida no solo se sustentaba en la grave situación epidemiológica de primeros del mes de enero, sino que, una vez aplicada, “se han podido acreditar sus efectos positivos”. De hecho, el presidente ha apuntado que la incidencia acumulada a siete días “ha caído un 9%” desde aquel momento y que la tasa de crecimiento intersemanal ha pasado de tener una tendencia de subida del 147% a bajar hasta un 11% en todo este tiempo.
Hace prevalecer la protección de la salud colectiva
La carga más profunda en las alegaciones se encuentra, no obstante, en el apartado jurídico. Es aquí donde Alfonso Fernández Mañueco ha hecho hincapié en que esta y todas las demás medidas aplicadas han tenido como único objetivo “hacer prevalecer la protección de la salud colectiva y la vida e integridad física de las personas frente a la defensa de cualquier otro derecho”. En concreto, el presidente se ha referido al derecho de libertad de circulación de las personas “en un horario nocturno determinado”. Además de apelar al citado artículo 15 de la Constitución sobre la protección de la vida, Mañueco se ha hecho eco de una sentencia de 1985 del Tribunal Constitucional “que considera que el derecho a la vida es un derecho fundamental y, por lo tanto, es un requisito previo y necesario para el disfrute de todos los demás derechos fundamentales y libertades públicas”.
En cuanto a las razones sociales, entroncadas con el respeto a la legalidad vigente, la Junta considera que limitar el tiempo de movilidad y contacto social permite minimizar el avance de la pandemia. El presidente, además, ha señalado que se trata de una medida urgente para la salud pública “porque no existen otras medidas más moderadas para conseguir con la misma eficacia el objetivo final, que no es otro que la contención de la incidencia de la enfermedad”. Por último, Fernández Mañueco ha señalado que el adelanto del toque de queda “es proporcional, ya que cumple el criterio de conllevar más beneficios que perjuicios para el interés general”.
El documento con las alegaciones ya ha sido presentado por los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León ante el Tribunal Supremo y en él se incide, al margen de todas las razones anteriormente explicadas, en la calidad “impecable” del procedimiento seguido, como así ha explicado Mañueco. “En primer lugar, fue dictado por mí, en calidad de presidente y como autoridad delegada del Gobierno”, ha señalado. “Además, se publicó en el Bocyl y se detalló que fue acordado a la vista de la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad”, ha añadido. “Y, para concluir, se comunicó con carácter previo al entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa”, ha ahondado.
En virtud de todo esto, Alfonso Fernández Mañueco ha mostrado su seguridad de que el Supremo tendrá poco margen de maniobra. “Todo está lo suficientemente fundamentado para mantener el anticipo del toque de queda el tiempo que sea necesario”, ha concluido.
