El Consejo Consultivo espera en 2021 una avalancha de quejas sanitarias relacionadas con la incidencia de la pandemia del COVID en ciudadanos que han sido diagnosticados y que podrían estar molestos por alguna cuestión relativa a los cuidados dispensados durante los ingresos hospitalarios o por centros sanitarios, considera el presidente de este órgano autonómico, Agustín S. de la Vega.
A mediados de diciembre, aun no habían llegado esas quejas centrales, relacionadas con situaciones vividas por enfermos de COVID durante su estancia en las unidades de cuidados intensivos por los tratamientos médicos recibidos o de sus familiares. “Este año 2021 y 2022, serán decisivos” en lo que se refiere a la llegada de ese tipo de reclamaciones. Esa es la previsión de la institución que tiene en la Sanidad la principal fuente de quejas de los usuarios del Sacyl. La peculiar situación generada por el virus en la salud de los ciudadanos, las reivindicaciones de los sanitarios que han venido denunciando escasez de medios provocará, sin lugar a dudas, la intervención del Consejo para resolver reclamaciones al respecto en el próximo año y medio.
Por el momento, el Consultivo solo ha registrado “cuatro o cinco asuntos, alguno para ser resuelto por el Tribunal, otros por el Consejo”, explicaba el presidente. Sin embargo, tales cuestiones están relacionadas con la incidencia del COVID en trámites de tipo administrativo, tales como las derivadas de los contratos de empresas a las que los ayuntamientos han adjudicado algún servicio que se ha visto ahora suspendido a causa de las restricciones de actividad que imponen las medidas sanitarias de seguridad, para evitar contagios del virus entre los ciudadanos. Sobre las mesas, están las consultas para solicitar consejo sobre la forma de actuar ante la imposibilidad de cumplir contratos de esos servicios adjudicados por ayuntamientos.
También existe algún caso relacionado con procedimientos administrativos, agrega De la Vega. Se ha resuelto estas de tipo colateral, como, por ejemplo, una adjudicación de una guardería municipal que tuvo que de funcionar como consecuencia del COVID al no puede prestarse servicio el servicio por seguridad para los niños y sus familias. Se plantea la cuestión de cómo resolver el contrato existente entre empresa e institución.
RESOLUCIONES CONTRACTUALES
El 96% de las resoluciones que adopta el Consejo Consultivo relativas a pleitos relacionados con contratos de la Administración y empresas particulares, que son de carácter vinculante, no son recurridas por estas ante al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León.
Esta amplísima aceptación de las resoluciones del Consejo por parte de empresas y administraciones convierte al órgano en una especie de primera instancia que impide la intervención de los tribunales para resolver estos asuntos y, por tanto, descarga al TSJ.
El presidente del Consejo Consultivo, Agustín S. de Vega, se congratula de que una mínima parte de esos asuntos acaben en el alto Tribunal de Castilla y León, lo que implica “una labor de mediación jurisdiccional que permite resolver el conflicto entre recurrente y Administración fuera del ámbito de los juzgados y sustituyendo a los juzgados del Contencioso”.
De Vega concretó que no existe ninguna presión por parte de la Administración para verse beneficiada, “hay absoluta independencia y el procedimiento está absolutamente tasado el procedimiento de contratación, la Administración establece los criterios que deben ser conforme a la Ley”, apostilló.
Por otro lado, el Consultivo hará llegar recomendaciones a la Junta de Castilla y León relacionadas con los daños que causa la fauna a los particulares, una opinión jurídica sobre los anteproyectos de Ley que aprueba la Junta de Castilla y León y que resulta esencial y requiere gran fundamento.
