El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León ha paralizado por segunda vez la contratación del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria. Un nuevo recurso de una empresa interesada en la licitación ha provocado este parón, que supondrá un nuevo retraso a un contrato que lleva caducado desde el año 2014. El Ayuntamiento de Zamora considera que las alegaciones de esta “multinacional”, como aseguró Francisco Guarido durante el Pleno celebrado ayer por la vía telemática, son “extemporáneas” y por eso no deben tenerse en cuenta. No obstante, y mientras el Consejo Consultivo dirime la situación, el procedimiento ha sido suspendido por el tribunal.
El alcalde, Francisco Guarido, ha asegurado que no existe base para la alegación formulada, puesto que se encontraría “fuera del tiempo” establecido para tal fin. La empresa ha recurrido la inclusión del servicio del punto limpio en el nuevo contrato, lo que encarece todo el conjunto. Para el regidor municipal, sin embargo, no existe discusión. “Lo hemos hecho de manera razonada y sabemos que incluir este servicio encarece el contrato y también que los trabajadores del punto limpio van a pasar a cobrar más dinero, con lo que estamos de acuerdo”, ha indicado. En concreto, estos trabajadores que ahora perciben 12.000 euros brutos al año, pasarán a recibir 18.000 euros.
Llama la atención esta situación teniendo en cuenta que, tras la primera suspensión del contrato y la resolución del Tarcyl que obligó a cambiar cuatro puntos del pliego, el equipo de Gobierno afirmó que, desde ese momento, el pliego era irrecurrible. El concejal del Partido Popular, Víctor López de la Parte, quiso interpelar ayer a Francisco Guarido sobre este asunto y el alcalde dejó clara la postura de su Alcaldía. “Quienes decían que ese contrato contaba ya con total seguridad jurídica no éramos nosotros, sino los informes de la viceinterventora y de la Secretaría; era la opinión técnica del Ayuntamiento de Zamora que nosotros mantenemos y por eso hemos respondido al Tarcyl que no estamos de acuerdo con esta alegación”, ha indicado.
Para el equipo de Gobierno, no se puede tomar en cuenta este recurso de la “multinacional” por referirse a un apartado concreto que siempre ha figurado en el pliego y no a cualquiera de los cuatro puntos modificados tras indicación del propio Tribunal Administrativo. “Esos sí podrían ser recurribles, pero la empresa se va a un punto que ha figurado siempre y para el que tuvo un plazo de recurso que ya expiró”, indicó el alcalde durante el Pleno telemático celebrado ayer por parte de la Corporación Municipal.
Tanto Ciudadanos como el Partido Socialista quisieron, al igual que el Partido Popular, interesarse por esta situación y las implicaciones que tiene. Según estimaciones municipales, el plazo de resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales se encuentra entre treinta y cuarenta días, por lo que habrá que sumar estas cifras al retraso que ya lleva este procedimiento por el anterior periodo de alegaciones ya subsanado.
LA MODIFICACIÓN DEL PGOU, SOBRE LA MESA PARA EVITAR OTRO “CASO CREMATORIO”
El Ayuntamiento de Zamora ha puesto encima de la mesa la posibilidad de cambiar el Plan General de Ordenación Urbana para evitar un nuevo “caso crematorio”. La concejala y portavoz de Ciudadanos, Cruz Lucas, expuso ayer en el Pleno telemático celebrado por la Corporación Municipal la modificación de este plan para que “nunca más entren en conflicto iniciativas emprendedoras con la salud de los vecinos”, como así ha ocurrido recientemente con el crematorio de la avenida de Cardenal Cisneros. La instalación de este negocio ha puesto en pie de guerra a los habitantes de Peña Trevinca y Pantoja, pero nada había que hacer desde el punto de vista legal, que siempre ha amparado al promotor de esta actividad.
El alcalde, Francisco Guarido, señaló en respuesta a la concejala que se ha enviado una carta a la Junta de Castilla y León para que asuma la a Guía de Consenso de Sanidad Mortuoria aprobada por el Ministerio de Sanidad en 2018, en la que se recomienda ubicar los crematorios en suelos industriales y nunca en un radio de 200 metros de núcleos de población. El problema, en este caso, es que la administración regional se rige por un decreto de 2005 y no ha actualizado las recomendaciones del Gobierno.
Pese a las explicaciones del alcalde, Cruz Lucas pidió al Ayuntamiento de Zamora que tome la iniciativa y actualice este apartado en el Plan General de Ordenación Urbana para evitar que estas situaciones vuelvan a ocurrir.
