La Fiscalía de Zamora exige a un guardia civil hasta 48 años de prisión e inhabilitación especial durante 20 años para ejercer como funcionario por cuatro delitos de agresión sexual (felaciones y tocamientos) a una niña de 9 años entre el 19 y 28 de junio de 2019, a la que ofreció golosinas, “chuches”, para conseguir que fuera a su domicilio del acuartelamiento de Puebla de Sanabria, donde la niña vivía también con sus abuelos, según el escrito de acusación. El Ministerio Público sostiene que el agente, de iniciales R.A.M., de 43 años de edad y en prisión provisional por estos hechos desde el 31 de julio de 2019, repitió las agresiones en otras tres ocasiones con la misma promesa de entregarle golosinas, pero ya también bajo la “amenaza de contar” a los padres de la niña “lo ocurrido” en su vivienda y con “matarlos”, según el relato de la presunta víctima en el que se basa la acusación. 

El guardia civil se enfrenta también a 28 años de libertad vigilada tras salir de prisión, a 20 años de alejamiento de la menor y a indemnizar con 24.000 euros a la niña, si es condenado por la Audiencia Provincial, por los daños causados a la menor. El Ministerio Público sostiene que el funcionario, que vivía en un pabellón del cuartel de Puebla, estaba trabajando en torno al 19 de junio del año pasado como agente de puertas del puesto de la Guardia Civil de Puebla se aproximó por primera vez a la menor de edad, que vivía en el cuartel bajo la guarda y custodia de sus abuelos, “diciéndole que le iba a dar unas chuches y que para ello tenía que subir a su vivienda”. La niña accedió y se fue hacia la puerta del piso del procesado, donde le esperó para entrar juntos en la casa y llevarle a una habitación para perpetrar la agresión sexual, tras lo que le mandó que saliera por la puerta de atrás de la vivienda “para que no la vieran”, abunda el fiscal.

Pasados dos días desde el episodio, el fiscal afirma que el guardia vuelve a ofrecer golosinas a la menor y la “amenaza con contar todo lo ocurrido a sus padres”, si no sube al piso de nuevo, para volver a abusar de ella; al igual que días después, cuando ve a la niña jugando en el patio y le dice que suba a su casa, “bajo la amenaza de matar a sus padres”, indica textualmente la Fiscalía. La última agresión sexual habría tenido lugar en torno al 26 de junio de 2019, el imputado estaba realizando el servicio de puertas en el acuartelamiento y la niña jugando en el patio, circunstancia que aprovecharía para acercarse a ella, amenazarla una vez más y repetir la agresión sexual, con tocamientos a la menor, a la que pidió que abandonará el piso por la puerta de atrás.