La empresa adjudicataria del aparcamiento en zona azul acordó con el Ayuntamiento de Zamora un calendario anual de subida de precios entre 2018 y 2023. De esta manera, a medida que fuera subiendo el precio de los tickets de la ORA, el Consistorio le pagaría un menor porcentaje del total de lo recaudado. Sin embargo, desde el año 2018, cuando entró en vigor el primero de los incrementos de precio, y hasta el mes de julio de este curso, cuando los servicios municipales se dieron cuenta, el ingreso que se le giraba a la empresa no había tenido en cuenta el impacto de las subidas de precio y, por lo tanto, se seguía pagando el mismo porcentaje. En total, un desajuste de 276.000 euros de merma para las arcas municipales que ahora habrá que compensar mediante la simple práctica de no pagar las próximas facturas hasta que se salde la deuda correspondiente.

Ha sido el Partido Popular quien ha levantado el asunto en la Comisión de Hacienda celebrada ayer en sede municipal. La portavoz de la formación, Mayte Martín Pozo, ha culpabilizado al equipo de Gobierno por “no haberse dado cuenta de que se estaba efectuando un pago superior al que se debía realizar por contrato”. Martín Pozo ha pedido explicaciones acerca de esta situación, al tratarse de “una gran cantidad de dinero” que, a su juicio, se podría invertir en “cuestiones de primera necesidad para la ciudad o en evitar la subida fiscal que Guarido planea para este mismo año”.

Francisco Guarido, por su parte, ha querido responder a los populares defendiendo que “no es el equipo de Gobierno quien hace los cálculos de la liquidación, sino que son los técnicos municipales quienes se encargan de ello”. No obstante, el alcalde ha ido más allá y ha defendido que su equipo tuvo conocimiento del asunto el pasado verano a raíz de la fiscalización del interventor. “Apuntaba que los cálculos a la hora de liquidar con Dornier estaban mal realizados y que, desde el año 2018, se ha producido un montante de 274.000 euros trasvasados de más a la concesionaria del servicio”.

Ante esta situación, según ha manifestado el regidor municipal, se ha comunicado el hecho a la empresa Dornier y se le ha dado un plazo para que realice alegaciones si lo considera oportuno. “Mientras tanto, y desde el mes de agosto, no se abonan las facturas de liquidación a Dornier hasta que se sufrague la deuda, independientemente de las alegaciones que pueda realizar la empresa”, ha señalado Francisco Guarido.