La Policía Nacional investiga una posible red de explotación sexual a jóvenes indigentes extranjeros, de procedencia Europea, que operaría en la capital, que en principio afectaría a tres personas, de acuerdo con las primeras pesquisas iniciadas en días pasadas. Los agentes localizaron a tres varones de unos 20 años de edad que podrían estar siendo obligados a prostituirse, ha informado el el inspector jefe de la Comisaría de Zamora y responsable de Extranjería, José Carlos Enríquez, tras la reunión con el subdelegado del Gobierno central, Ángel Blanco.

Además, tras detectar el abuso sexual a un joven con deudas de juego en la capital, la Comisaría de Zamora está ejerciendo una estrecha vigilancia para combatir este tipio de explotación dirigida especialmente a jóvenes cuya ludopatía ha comprometido su solvencia económica, a los que se les cancelen esas cargas económicas a cambio de prácticas sexuales.

Las presuntas tres víctimas de prostitución masculinas estarían siendo controladas por un hombre, de acuerdo con la investigación abierta hace unos días, indicó el inspector jefe de la Comisaría de Zamora y responsable de Extranjería, que participó en la reunión mantenida por el subdelegado del Gobierno con representantes de Cáritas, Cruz Roja y Apram con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres y Niños que se celebra mañana, día 23 de septiembre.

Blanco profundizó sobre la situación de las mujeres explotadas sexualmente en la capital y la provincia, a las que hizo un llamamiento para que acudan a la Comisaría de Zamora "sin miedo, se les ayudará", e indicó que se ha puesto en marcha un programa de asistencia que en la actualidad está beneficiando a 9 mujeres víctimas de la prostitución. Estas personas pudieron salir de esa situación durante la pandemia gracias a la labor de ONG's, como Cruz Roja, a las que se ha facilitado estancia segura para que sus proxenetas no puedan conocer su paradero, según Blanco.

Desde la Subdelegación, que incide en que "cada vez hay más pisos" en los que se obliga a ejercer la prostitución, se insta a las mujeres víctimas de trata a acudir a la comisaría para beneficiarse de una asistencia durante la que se les facilitará una residencia segura, sin que tengan obligatoriamente que denunciar a su proxeneta. Si bien es verdad, que existe la posibilidad de realizar lo que se denomina prueba preconstituida, que consiste en prestar declaración ante el juez y la Fiscalía antes de abandonar el país de forma legal, con ayuda de la Policía y la Administración central.

Estas mujeres pueden acogerse al denominado "periodo de restablecimiento y reflexión" cuando denuncian en la Subdelegación, desde donde se les facilita alojamiento para protegerlas, se les tramita el permiso de residencia en España por circunstancias excepcionales para circular libremente por el país, sin que se les pueda abrir un expediente de expulsión. Se les da la opción también de retornar a su país de origen, siempre bajo protección policial mientras se realizan los trámites administrativos para gestionar su vuelta su lugar de procedencia.