Los locales y pisos de alterne se encuentran en medio de una tormenta política. Fue la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien abrió la caja de los truenos la pasada semana al solicitar a las comunidades autónomas la persecución de esta práctica por suponer un riesgo para la salud en mitad de una pandemia, además de significar una fórmula de “explotación sexual y esclavitud” de las mujeres. Ayer mismo, las Cortes de Castilla y León debatían la conveniencia –y competencia– de tomar en consideración esta petición, con resultado negativo. En la provincia de Zamora existen, a fecha actual, una veintena de prostíbulos según los datos que maneja el Observatorio de Género y Datos Abiertos. Un número importante de lugares en los que se practica la prostitución cuyo futuro parece más incierto que nunca.
La persecución a la prostitución en Castilla y León ha caído en saco roto después de que las Cortes tumbaran ayer, con los votos suficientes de Partido Popular y Ciudadanos, la posibilidad de iniciar una campaña de cierre de este tipo de locales. Los partidos que ostentan el Gobierno regional argumentan una dificultad jurídica de ir detrás de algo que, realmente, no está reglado y cuyos locales cuentan con otro tipo de licencias relacionadas con la hostelería. Por esta razón, reclaman al Gobierno central que legisle para poder actuar, dejando siempre claro que ambas formaciones se manifiestan en contra de la explotación sexual.
El debate continuará y podría llegar al Ayuntamiento de Zamora tanto por parte del Partido Socialista como de Izquierda Unida. Sus líderes en la región han anunciado una campaña de mociones que prevén presentar en todos los municipios para instar a la administración competente al cierre de locales. Una iniciativa que podría afectar, en la provincia de Zamora, a un total de veinte lugares donde se ejerce la prostitución entre establecimientos y pisos, de acuerdo a los datos que se han podido recabar dentro de una actividad que carece de transparencia.
