El Sindicato Satse, exige a la Junta de Castilla y León que se acuda a la mutua y se libere al personal de Enfermería de Atención Primaria de realizar las pruebas de detección del COVID-19 a los propios trabajadores de centros sociosanitarios y a sus internos de la provincia de Zamora, es decir, a los empleados de residencias de ancianos y centros de personas con discapacidad, como la Virgen del Yermo en la capital, dependientes de la administración autonómica. Satse subraya la sobrecarga de trabajo que sufren las enfermeras de Atención Primaria por los efectos de la pandemia, al igual que las profesionales de Servicios Sociales, "que trabajan bajo mínimos" y que también se han visto afectadas por la decisión de la Consejería de Sanidad de encargarles la realización de estos exámenes.

El sindicato remarca que la Consejería "debería" acordar que las pruebas de detección del coronavirus las realicen "las mutuas, ya que se trata de la vigilancia de salud de los trabajadores, mutuas que, desde el inicio de la pandemia han estado desaparecidas dejando desprotegidos a sus trabajadores". El sindicato se pregunta "para qué paga la Junta de Castilla y León a la mutua" si no realizan esa tarea, cuando la principal función es encargarse "de todo lo relativo a salud de los trabajador del sistema de salud, por lo que deberían estar haciendo estas pruebas y el seguimiento de los trabajadores" de esos centros sociosanitarios, "en lugar de sobrecargar a los trabajadores de los propios de centros de salud", derivando esa tarea a las enfermeras de Servicios Sociales, cuestión que en Zamora ya se ha resuelto con la desviación de esa labor a Atención Primaria, decisión que también denuncia la organización, pero que sigue constituyendo un problema en otras provincias.

Los representantes del colectivo de Enfermería hacen especial hincapié no solo en "la sobrecarga asistencial habitual del personal enfermero, a la que se añade la sobrecarga que ha supuesto y supone aún esta pandemia por coronavirus", sino también al aumento de trabajo que implica "obligar" a las enfermeras de Atención Primaria de la provincia y a las de Servicios Sanitarios en los centros sociosanitsarios en otras provincias de Castilla y León, "a realizar pruebas de detección a los trabajadores de los centros, pruebas que según recoge también el procedimiento, deben realizarse en los centros de salud" .

 Satse ha enviado sendos escritos a la Consejera de Sanidad y a la Directora de Función Pública, Paloma Rivero, instando a que se aclare dicho procedimiento, ya que entra en contradicciones y que se remita la realización de las pruebas de los trabajadores, bien al centro de salud o las mutuas, porque son las responsables de hacer un seguimiento de la evolución de la salud de los trabajadores, y no las enfermeras de los centros sociosanitarios.

Por último, "el procedimiento a seguir redactado desde la Consejería de Sanidad para el nuevo cribado de la infección por SARS-Cov-2 en residencias de personas mayores y otros centros sociosanitarios pretende establecer cómo, cuándo y quién realiza las pruebas", añade el Satase. "Por un lado, dice claramente que serán los profesionales de enfermería de los Equipos de Atención Primaria los responsables de la realización del estudio y posteriormente, en las residencias que cuenten con personal sanitario, serán estos los que se encarguen de esta determinación".

A todos esos argumentos, Satse termina por incidir en que, "en muchas ocasiones, las plantillas de enfermeras de los centros y residencias de Servicios Sociales son muy escasas para la atención a los internos", de forma especial en los meses de verano, periodo en el que "no se ha realizado una correcta contratación de sustitutos para cubrir las vacaciones reglamentarias del personal". Y concluye que realizar las pruebas a todo el personal del centro sociosanitario y a los de nueva incorporación, además de a los internos de la residencia, el trabajo se multiplica sin que los recursos humanos lo hagan en igual proporción.