La reforma de la función pública por la que los funcionarios serán sometidos a evaluaciones de desempeño entró en vigor este mismo jueves tras su publicación en el Boletín Oficial de Estado (BOE). A partir de hoy, la remuneración de los trabajadores públicos podrá subir o descender en base a los resultados de las pruebas de evaluación que deberán completar anualmente. El real-decreto ley, bautizado como Ley de Función Pública, fue aprobado este martes por el Consejo de Ministros después de quedar estancado por el adelanto electoral.
Según se recoge en el BOE, la "evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual anualmente se valora la conducta profesional y se mide el rendimiento o el logro de resultados de las empleadas y empleados públicos, con la finalidad de mejorar la productividad de las diferentes unidades y la calidad de los servicios públicos". Solo hay un punto que se ha retirado por la presión de los sindicatos respecto al anteproyecto de ley: la posible pérdida del puesto de trabajo. Desde Función Pública aclaran que los empleados públicos podrán ser degradados, pero en ningún caso ser despedidos. Con esta reforma, el Gobierno busca una mejora de la productividad que redunde en una mejor prestación del servicio público.
