El PP de Toro ha anunciado este jueves que presentará alegaciones a la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobada en el último pleno y que adoptará las “medidas oportunas” para defender el interés general.
Los concejales populares han calificado de “fraude” la citada modificación del PGOU para “recalificar terrenos de uso público” y que “beneficia” al ex portavoz socialista, Lorenzo Rodríguez.
En una nota de prensa, los concejales populares recriminan al equipo de Gobierno que la modificación del PGOU fue planteada para “dar cobertura a una edificación ilegal con sentencia firme, por haber ocupado terrenos destinados a espacios libres de carácter público”.
Del mismo modo, apuntaron que la modificación pretende “eliminar espacios libres de uso público y transformarlos en suelo edificable de aprovechamiento privado”, es decir, el equipo de Gobierno “pretende privar a los toresanos de un magnífico paseo, atentando contra la protección del entorno del monasterio del Sancti Spíritus y las barranqueras”.
El portavoz popular, Alejandro González, ha denunciado que “nos encontramos ante un acuerdo político” entre el alcalde, Tomás del Bien, y “su amigo”, en alusión a Rodríguez, y que es “es el peaje político que debe pagar Del Bien para su arreglo con el PSOE y volver a encabezar la lista electoral socialista”.
Por otra parte, los concejales populares cuestionaron que en el expediente el PSOE ha obviado incluir dos sentencias firmes de obligado cumplimiento del juzgado Contencioso Administrativo de Zamora y del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), que califican la licencia de la edificación del ex portavoz socialista como “nula de pleno derecho por prescindir total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para su concesión”.
Además, recordaron que el Colegio de Arquitectos de León ya emitió en 1997un informe desfavorable antes del inicio de las obras, “al entender que existió infracción urbanística, al no estar aprobado el proyecto de reparcelación y la preceptiva cesión al Ayuntamiento de los espacios destinados a uso público”.
Por otra parte, destacaron que la sentencia del TSJCyL de 2015 que “se utiliza como excusa para intentar arreglar el problema del ex portavoz socialista, lo que reconoce es que para ceder los terrenos al Ayuntamiento se deben utilizar mecanismos distintos a la cesión gratuita”, pero “en ningún caso modifica la planificación urbanística, que es plenamente vigente, ni los usos establecidos del suelo en esa zona del Canto”. No obstante, el PP subrayó que “las infracciones urbanísticas que afectan a espacios libres de uso público no prescriben”.
Por otra parte, los concejales populares han aludido a informes vinculantes de la Comisión Territorial de Patrimonio que “imponen” como prescripción la limitación como fondo edificable en esa zona del Canto de 33,5 metros para alinearse con la trasera de la parcela de la ermita de la Virgen del Canto y así disminuir la afección sobre el entorno del convento del Sancti Spíritus y reducir el impacto sobre el perfil del Conjunto Histórico y la cornisa a las barranqueras de la vega de Toro y, en ningún momento, el TSJCyL “anula dicha previsión en la ordenación”.
Por este motivo, el PP remarcó que el PSOE “pretende eliminar el fondo edificable de 33,5 metros sin ninguna justificación”, a la vez que recuerda que “este tipo de modificaciones tienen que seguir criterios de interés general no particulares”.
Además, el PP se pregunta cómo el alcalde, siendo gestor de patrimonio, “aprueba este atentado contra el entorno del Sancti Spíritus y las barranqueras.
De otro lado, los concejales de la oposición han acusado al alcalde de “ser un sectario, al establecer una división entre ciudadanos de primera y segunda”, a la vez que subrayaron que “esta cacicada” va a costar a los toresanos 21.175 euros, al contratar como arquitectos para que informen la modificación, a la misma empresa que contrató el ex portavoz socialista en el procedimiento, cuyo fallo ahora se pretende cumplir.
En este sentido, el PP recuerda que el Ayuntamiento cuenta con un arquitecto municipal, por lo que, ante la contratación de la citada empresa se pregunta “si no estaremos ante un caso de malversación de caudales públicos”.
