El PP de Toro ha presentado una queja ante el Procurador del Común ante la “falta de transparencia” del equipo de Gobierno, sobre los expedientes de las subvenciones directas concedidas con cargo al Fondo COVID del Ayuntamiento.

Los concejales populares justificaron su decisión de acudir al Procurador del Común en que el pasado mes de abril solicitaron tener acceso a la documentación relativa al procedimiento para la concesión de subvenciones directas, con el objetivo de poder desarrollar su labor de fiscalización, solicitud que volvieron a realizar el pasado 15 de junio y sobre las que, por el momento, no han obtenido respuesta, incumpliéndose el plazo establecido legalmente para facilitar la documentación requerida. En este sentido, el PP recordó su derecho a obtener la información necesaria para poder desarrollar la fiscalización y control de la gestión del Gobierno local.

Además, aseguró que numerosos autónomos han mostrado su malestar por la “falta de información y transparencia” en el procedimiento de concesión de subvenciones y precisó que, según las bases reguladoras, la competencia para la ordenación e instrucción de los expedientes corresponden a la Junta de Gobierno Local y al departamento de Recaudación e Intervención.

En este punto, el PP subrayó que, si en las bases se establece un procedimiento, “hay que seguirlo y no tiene que ser el alcalde el que realice llamadas de teléfono a los ciudadanos vendiendo favores como nos han transmitido varios autónomos”. Además, como puntualizó, las propias bases establecen el trámite de subsanación de errores en el caso de que existan.

Sin embargo, para iniciar ese trámite es necesaria una resolución que así lo indique, pero “a día de hoy”, según el PP, los solicitantes hayan cobrado o no la ayuda, no disponen de la resolución de concesión, de denegación o de subsanación y, tan solo “algunos privilegiados han recibido la llamada del alcalde”.

Por las razones expuestas, el PP ha denunciado el incumplimiento del procedimiento establecido en las bases del Fondo COVID para garantizar la seguridad jurídica y la igualdad de todos los solicitantes.