La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha acordado la suspensión cautelar de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial de dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos, tras estimar un recurso presentado por la empresa Red Eléctrica de España contra el Ayuntamiento de Toro.
El auto judicial se enmarca en una pieza separada de medidas cautelares y estima la suspensión interesada de la parte demandante, la empresa Red Eléctrica de España, de la ordenanza que fue aprobada inicialmente por el Ayuntamiento de Toro en el pleno ordinario celebrado el pasado mes de octubre.
La resolución ha sido notificada a las partes implicadas y el Ayuntamiento de Toro confirmó ayer que interpondrá un recurso contra la suspensión cautelar de la aplicación de la ordenanza.
El hecho imponible de la tasa que regula la normativa municipal es la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local en su suelo, subsuelo y vuelo con instalaciones de transporte de energía mediante elementos como cajas de amarre, torres metálicas, transformadores, líneas propias de distribución de energía eléctrica, gas, agua y otros suministros energéticos, así como instalaciones de bombeo.
En la sesión plenaria en la que fue aprobada inicialmente la ordenanza, el equipo de Gobierno defendió que la imposición de la tasa por el transporte de energía solo afectaría a las grandes empresas ya instaladas en el municipio.
Del mismo modo, puntualizó que Toro era el único Ayuntamiento de la zona que no había implantado todavía la nueva tasa y explicó el método establecido para su cobro en cada uno de sectores afectados, a la vez que anunció que los técnicos municipales estaban evaluando las medidas que las diferentes industrias utilizan para el transporte de suministros en el municipio.
Además, anunció que la valoración de los técnicos sería reflejada en el presupuesto del presente ejercicio en el que, finalmente, se incluyó una previsión de ingresos, en concepto del cobro de la tasa por instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos, que ascendía a 130.000 euros.
Tras su aprobación inicial, el acuerdo adoptado por el pleno fue sometido a exposición pública para que todos los interesados pudieran consultar el expediente y presentar las alegaciones que estimaran convenientes.
La empresa Red Eléctrica de España decidió interponer un recurso que, finalmente, ha derivado en la suspensión cautelar de la aplicación de la nueva ordenanza municipal.
