Aunque la Alianza mostró ayer su satisfacción por el ingreso de la ayuda pendiente, incidió en que su objetivo prioritario era defender los intereses de los remolacheros en un proceso judicial que se ha dilatado varios años. En este punto recordó que la Junta rompió el acuerdo suscrito en marzo del 2008 entre la consejería de Agricultura, Azucarera y Acor y decidió no conceder una ayuda que promovió en las campañas PAC 2011, 2012 y 2013.
Esta decisión motivó que la Alianza emprendiera actuaciones judiciales y, en junio del 2016, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dictó sentencia favorable a su reclamación, obligando a la Junta a tramitar todas las ayudas de remolacha PAC 2011. El Gobierno regional recurrió la sentencia ante el Tribunal Supremo, pero a principios del presente ejercicio y tras recibir más sentencias desfavorables, anunció su intención de pagar antes del verano las cantidades reclamadas por los remolacheros.
