La Ley de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas ha concluido esta semana su tramitación parlamentaria. Según la información facilitada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la nueva norma establece unos criterios comunes en cuanto al procedimiento para su reconocimiento, protección, control y la regulación de su gestión. Un elemento fundamental de la nueva norma es el sistema de protección que busca garantizar la adecuada y veraz información al consumidor y el respeto a la competencia leal entre los productores.
Para ello se regula la protección, desde la producción a la comercialización, presentación, publicidad o etiquetado. Esta Ley también reconoce y refuerza el papel de los Consejos Reguladores como órganos de gestión y de colaboración de la administración, para el adecuado desarrollo de estas figuras. Para ello, a los Consejos Reguladores les dota de una personalidad jurídica propia y de un sistema de funcionamiento basado, fundamentalmente, en el derecho privado. En España existen 332 DOP e IGP.
