Un juez culpa al amianto por primera vez de la incapacidad permanente de un extrabajador del metro de Barcelona

El Juzgado de lo Social número 4 de Barcelona ha declarado en situación de incapacidad permanente total a un trabajador del metro de la capital catalana que ha desarrollado afecciones pulmonares por haber estado expuesto al amianto en el trabajo. El magistrado reconoce que el empleado, Rafael Rubio, está aquejado de una enfermedad profesional contraída en el puesto de mecánico tornero que ocupó en los talleres de Vilapicina desde 1978 y hasta que se jubiló en abril de 2020. 

Rubio, de 68 años, denunció a Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) cuando aún desempeñaba sus labores en el suburbano. El Col·lectiu Ronda, la cooperativa de abogados que ha representado al denunciante, resalta que es la primer vez que la Justicia admite la incapacidad permanente para ejercer su oficio a un operario del metro. En 2019, la Seguridad Social resolvió que otro exempleado de la red estaba incapacitado por un cáncer de pulmón, atribuido a la presencia de fibras de amianto en los lugares donde trabajaba. Falleció unos años después.

En cambio, la Seguridad Social desestimó declarar incapacitado por enfermedad laboral y costear una pensión a Rubio en 2019. La sentencia -que no es firme y que TMB estudia para valorar si la recurre- señala que sufre de asbestosis con placas pleurales, una dolencia asociada al amianto. La sustancia se prohíbe comercializar en España desde 2002 y es inductora de enfermedades respiratorias y en la pleura -la membrana que cubre los pulmones- que suelen tardar décadas en manifestarse. La más cruel es el mesotelioma, un cáncer incurable que acorta la esperanza de vida a un año cuando aflora. 

El denunciante también padece un enfisema pulmonar leve, identificado en 2013. "La patología que presenta el paciente a nivel pulmonar le condiciona una limitación en actividades que requieran la realización de grandes esfuerzos y la exposición al amianto y a otras sustancias volátiles irritantes", concluyó el forense.

El fallo obliga a abonar una prestación con una base reguladora de 10.675,38 euros anuales para compensar al afectado por la enfermedad profesional. Impone que el Instituto Nacional de la Seguridad Social asuma el 70% del pago. Dos mutuas deberán sufragar el resto del importe.

Por su parte, TMB considera que la resolución "no determina que la enfermedad" de su exasalariado "esté causada por el amianto". "Concluye que el trabajador tiene una incapacidad permanente en contra del dictamen de la seguridad social y de los informes médicos", esgrime. La firma pública destaca que "hace más de 30 años" que aplica un plan para "retirar todo el amianto del metro de Barcelona" y estima que el 87% de la sustancia instalada en la red "ha sido retirada o tratada".

Sentencia por fallecimiento

El pulso entre empleados y TMB por la detección de lesiones y trastornos presuntamente causados por el amianto -en especial, en operarios de talleres y mantenimiento de trenes e instalaciones- se ha dirimido ya en varias ocasiones en los juzgados. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ratificó en 2023 la sentencia que un año antes admitió el primer caso de muerte de un trabajador del metro a causa de la sustancia tóxica. El fallo lo achacó a que estuvo en contacto con el componente insalubre en el puesto de trabajo. 

En cambio, la Justicia ha dado la razón en los últimos meses a TMB en otro litigio instado por un trabajador. Denunció que la compañía pública desestimó reubicarle después de que se le hallara un engrosamiento pleural. El demandante piensa recurrir, según las fuentes consultadas. 

Se trata de uno de los 28 operarios a los que se localizó alteraciones en la pleura a raíz de una campaña de chequeos de TMB a partir de 2018, tras confirmarse que el material nocivo seguía presente en piezas de trenes de las series 2000, 3000 y 4000 de las líneas 1 y 3, así como en estaciones y otros espacios de la red. Los últimos convoyes anticuados dejarán de circular este año. La empresa blande que las deformidades "podrían estar relacionadas con una exposición al amianto, pero también por otras causas".

TMB ya alegó que había recolocado a los diagnosticados con deformidades compatibles con haber inhalado amianto y que desempeñaban sus labores en instalaciones en que el material peligroso seguía pendiente de retirarse. A su entender, los demás afectados ejercen sus tareas en estancias exentas del elemento nocivo. "Actualmente, no hay ningún trabajador expuesto al amianto ni ningún riesgo para la plantilla ni los usuarios", sostiene.   

Pacto de reubicación

En 2021, la empresa y los sindicatos firmaron un pacto para facilitar la reubicación de los empleados a los que descubra una alteración potencialmente vinculada al amianto. El mismo compromiso estipula que pueden solicitar un régimen de ausencia retribuida a partir de los 58 años y hasta la jubilación. 

La asociación de afectados por el amianto en el metro (ATEA-AMB) afea a TMB que deniegue el retiro anticipado a trabajadores a los que se han detectado lesiones pleurales. La entidad explica que la compañía desechó la petición de un empleado al que se le encontró un engrosamiento en la pleura. Ocurrió en enero, justo cuando cumplió los 58 años. El trabajador planea interponer una demanda.  

TMB opone que el acuerdo con los sindicatos supedita aprobar la ausencia gratificada a que se conceda primero al operario un traslado de puesto mientras esté en activo. La asociación de afectados discrepa que sea imprescindible para conceder la reducción de jornada. La entidad anticipa que dos empleados más de la lista de 28 diagnosticados por anomalías supuestamente relacionadas con el componente insalubre prevén acudir también a la Justicia contra la compañía.