Oenegés y asociaciones detectan las principales fallas en la política migratoria en España

Mujeres migrantes que trabajan en el servicio doméstico sin estar dadas de alta laboral en el régimen de Empleados del Hogar; una brecha salarial entre quienes tienen un pasaporte extranjero y uno español que alcanza el 37% de media; situaciones de discriminación como acoso sexual en los campos de fresa; centenares de menores que llegan desde países africanos a las Islas Canarias solos, poniendo su vida en riesgo, y que son sometidos a pruebas de identificación que pueden suponer intervenciones invasivas; un 20% de personas de origen étnico o racila a las que no les quisieron alquilar una vivienda... Si bien en los últimos años ha habido avances, en España las personas migrantes continúan viviendo situaciones de discriminación y de precariedad que muchas veces empiezan en las propias fronteras internacionales.

El 11 de diciembre de 2018, 152 estados, entre los que estaba España, adoptaron el Pacto Mundial para la Migración (PMM), un acuerdo internacional que incorpora un enfoque integral de la movilidad humana y que promueve una mayor cooperación a nivel mundial. Su objetivo es que, con su aplicación, se asegure "el respeto, la protección y el cumplimiento efectivos de los derechos humanos de todos los migrantes, independientemente de su estatus migratorio, durante todas las etapas del ciclo de la migración". El problema es que no siempre se está cumpliendo a rajatabla.

Por eso, Médicos del Mundo, Alianza por la Solidaridad-ActionAid, Fundación Cepaim, la Red Acoge, la Coordinadora de Asociaciones Senegalesas de Cataluña y la asociación Rumiñahui han elaborado un informe en el contribuyen más de 40 organizaciones de la sociedad civil de la diáspora. De esta forma, el trabajo da voz a migrantes que viven en distintas comunidades autónomas y que, como ha recordado Vladimir Arturo Paspuel, presidente de Rumiñahui, son quienes mejor pueden identificar los principales impactos de las políticas y la legislación en sus derechos

Problemas en las fronteras

En su presentación con la prensa, tanto el presidente de Rumiñahui como Jara Henar, especialista en migraciones y movilidad de Alianza por la Solidaridad, han recalcado, sobre todo, su especial preocupación en algunos puntos, como las políticas de externalización de la seguridad de las fronteras, las devoluciones sumarias, las pruebas de determinación de la edad a menores o los Centros de Internamiento de Migrantes (CIE). Por ejemplo, el informe Miradas de la Sociedad Civil. Evaluación y perspectivas ante la revisión regional europea del Pacto Mundial para la Migración de 2024 recuerda que más de 6.600 personas murieron el pasado año intentando llegar a la frontera sur de España, lo que supone 18 muertes diarias. Entre todas las víctimas, 363 eran mujeres y 384 niñas y niños. Esto hizo que el año 2023 fuera el más mortífero desde que hay registros, con cifras récord de llegadas que superaron las 1.300 personas en un día y las 8.500 en dos semanas.

"Gran parte de las personas que huían de Senegal, que desde junio de 2023 afronta una crisis política y social con el encarcelamiento del principal líder opositor y cientos de personas que se han lanzado a las calles para protestar esta deriva autoritaria, pero también de Marruecos Costa de Marfil o Gambia", resaltan. Por eso, critican que ahora se les exija un visado de tránsito para "solucionar un problema de un aeropuerto [el de Barajas, en Madrid].

Además, del total de 5.151 niñas y niños menores de 18 años que han llegado por esta vía, más del 10% lo hicieron solos. Cifras que, en su opinión, "ponen de manifiesto la ausencia de una política migratoria centrada en la apertura de vías legales y seguras, priorizándose el cierre de fronteras, especialmente para los países del continente africano".

Trabajo

Otra de las cuestiones que preocupan es el acceso de las personas migrantes al trabajo, con las implicaciones que esto tiene de cara a conseguir el arraigo. Las tasas de desempleo continúan siendo considerablemente más elevadas entre las personas migrantes, especialmente para las mujeres, que para los españoles. Además, muchos se ven abocados a puestos y ocupaciones de baja cualificación y en condiciones de mayor precariedad, especialmente en el sector del hogar y cuidados y en el del cambo, incluso cuando ya están en condiciones de regularidad. "Cuando ya están en territorio español, se prioriza la situación administrativa frente a la garantía de derechos", asegura Jara Henar.

Además, según datos de una encuesta de la Fundación Cepaim, hasta un 31% de las personas de origen étnico o racial perciben discriminación en el acceso a la vivienda, especialmente las personas del grupo de África no mediterránea, magrebí y Pueblo Gitano. A un 17,7% de las personas migrantes le negaron enseñarles la vivienda para alquilar o comprar, a un 20,8% no quisieron alquilársela, y a otro 20,1% les pusieron problemas o más requisitos que al resto. La tasa de abandono educativo temprano en el alumnado extranjero también es tres veces superior al español.

Toda estas cuestiones, y otras tantas - como las identificaciones policiales por perfil racial que denuncia pese a su prohibición, los problemas de acceso a la atención sanitaria o la barrera del requisito del empadronamiento- serán llevadas al nuevo Examen regional que tendrá lugar el próximo 11 de marzo en Ginebra. El objetivo es que se cumpla este Pacto Mundial, que protege los derechos de algunos de los colectivos más vulnerables de la población que vive en España.