El Gobierno se compromete a relanzar el proceso para conseguir la reforma de determinación de edad de menores migrantes

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se ha comprometido a relanzar el proceso para conseguir la reforma de determinación de la edad de los menores, un tema urgente para las asociaciones que trabajan con migrantes. Los expertos que conforman el Comité de los derechos del niño (CDN) ya han reprendido a España en más de 15 ocasiones al detectar varias violaciones de la Convención de los derechos del niño por los procedimientos llevados a cabo en el país para averiguar si los migrantes ya han cumplido los 18 años cuando llegan.

Pese a que la CDN exija que mientras el procedimiento de determinación de edad esté en curso, "la persona debe presumirse como menor de edad y ser tratada como tal", en las últimas semanas han salido a la luz dos casos de menores migrantes que han sufrido graves consecuencias porque las autoridades no se fiaron de los documentos que presentaban para probar su edad.

Uno fue por un menor que estuvo este mismo mes de febrero varios días abandonado en las calles de Madrid. Antes había estado "deambulando a la intemperie" durante meses. El CDN de la ONU solicitó de manera urgente al Estado que le trasladase a un centro de acogida después de que la ONG Fundación Raíces le enviase una petición. Pero, a pesar de contar con un documento que demostraba su minoría de edad, la Fiscalía propuso al menor hacerse pruebas médicas que lo confirmasen "advirtiéndole de que su negativa a someterse a las mismas podría ser interpretado como un indicio revelador de su mayoría de edad", aseguró la organización. Él se negó. Así que el Fiscal solicitó un informe pericial a la policía sobre la autenticidad del pasaporte, que le habían enviado desde Gambia.

El resultado, continúa la ONG en un comunicado, concluyó que no existían signos de falsedad en el mismo. Sin embargo, añaden que "el Fiscal dictó Decreto de Mayoría de edad por albergar dudas de la fiabilidad de los datos consignados en el pasaporte por las autoridades gambianas". Como resultado, la Comunidad de Madrid dictó el cese de su protección como menor y, ante la falta de plazas para personas adultas sin hogar en centros para adultos, le expulsaron a la calle sin ninguna alternativa habitacional. 

El otro caso fue el de un chaval senegalés, de solo 15 años, que se pasó dos meses en prisión en Gran Canaria acusado de ser el patrón de la patera en la que llegó a Canarias. Todo ello a pesar de que, al mes, había aportado una partida de nacimiento senegalesa. Pero España no le dio validez alguna, al no haber pasado el proceso burocrático de verificación internacional, algo al alcance de pocas familias en África y, aún menos, con la prisa que exigía su caso. Lo trataron como adulto y lo acusaron de un delito castigado con hasta ocho años de cárcel, pilotar una patera, algo que él negaba, según confirmaron a la agencia EFE fuentes de su defensa.

La ley exige la reforma

La Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia establecía un plazo máximo de 12 meses para cambiar el proceso de determinación de edad que no se ha cumplicado. También el Comité de los Derechos del Niño ha recomendado a España de forma reiterada que cambie este procedimiento e determinación de la edad, que "está impidiendo buenos resultados en la gestión de las crisis porque, además de vulnerar los derechos de la infancia, al tener un margen de error alto, también genera colapso del sistema", asegura Sara Collantes, responsable de Políticas de Infancia y Desarrollo de UNICEF España, a El Periódico de España, del Grupo Prensa Ibérica.

Y que se sature por completo "hace que ya no sea capaz de dar una respuesta protectora, con lo cual es absolutamente urgente reformarlo", añade. Además, señala que tanto por estas recomendaciones del CDN, como por las setencias dictadas por el Tribunal Supremo, ya existe una hoja de ruta sobre cómo debería ser la reforma de este procedimiento.

A día de hoy, la teoría indica que cuando el menor tiene una documentación que acredita su identidad y su edad no hay que llevar a cabo pruebas radiológicas de determinación de la edad. Sin embargo, Collantes explica que, en los puntos de llegada, hay una tendencia a utilizar estas pruebas como un recurso casi automático para conocer la edad real, pese a que esto imcumple la doctrina del Tribunal Supremo.

Un método sin certezas

Otro problema que señala es que, en la actualidad, no existe ningún método capaz de establecer con absoluta certeza qué edad tiene una persona. El Comité ha indicado que es fundamental transitar a un modelo donde se aprecie la madurez psicológica, además de la física, con métodos no invasivos. Estos "deberán realizarse con criterios científicos, seguridad e imparcialidad, atendiendo al interés del menor y a consideraciones de género, evitando todo riesgo de violación de su integridad física, respetando debidamente su dignidad humana".

Asimismo, tanto UNICEF como otras organizaciones y la propia ONU, denuncian que estas pruebas se están haciendo sin información adaptada, sin intérpretes y sin abogados. Total, que "los niños y niñas se encuentran sometidos a una prueba que no entienden, que no son bien explicadas y que, encima, tienen un margen de error enorme", afirma la representante de la ONG.

Esto hace que "cada dos por tres" vean, a través de entidades que trabajan en primera línea, cómo muchos menores son tomados por adultos, con todo lo que esto implica para su protección, y pese a que luego se reconozca lo contrario al conseguir documentación de sus países de origen. Lo que, añade la responsable de Políticas de Infancia y Desarrollo de UNICEF España, incumple la presunción de minoría de edad que debería haber siempre que existan dudas, y que implica que la persona sea tratada como un niño o una niña hasta que se demuestre lo contrario.

Para eso, se evalúa en qué situación está, si él o ella se declara menor de edad, o si tiene esa apariencia de menor. En definitiva, se "hace una evaluación del interés superior del niño", en vez de entender el sistema como una llave para dejar entrar o no a las personas en un sistema de protección de la infancia, algo propio de la situación de saturación que se está viviendo, especialmente en las Islas Canarias.