La España que no puede beber agua del grifo por alta contaminación de nitratos: "Nos están envenenando"

A principios del pasado julio, la alcaldesa de Torrejoncillo del Rey, un pequeño pueblo de Cuenca de 345 habitantes censados, pero que en verano duplica o triplica su población, hizo público un bando que ningún alcalde quiere tener que publicar. Y menos cuando se lleva pocos días en el cargo, como llevaba Piedad Balsalobre (PSOE). “Por la concentración de nitratos, se pone en conocimiento de la ciudadanía que se abstengan de beber agua suministrada por el servicio municipal de abastecimiento por no ser apta para el consumo humano”, rezaba el escrito, que se colocó a las puertas del Ayuntamiento y de la farmacia.

El análisis de los nitratos del agua del pueblo estaba por encima de los parámetros establecidos por la normativa española. Según el Real Decreto 140/2003, la concentración máxima permitida de nitratos en las aguas de consumo humano es de 50 mg/litro. En el caso de Torrejoncillos se estaba alrededor de los 80. “Es un problema grave que tenemos”, reconoce en su pequeño despacho del ayuntamiento Balsalobre, a la que suelen abordar por las calles del pueblo, bello a su manera manchega, de casas blancas y alguna que otra cuesta pronunciada, para saber cuándo “se arregla lo del agua”.

Balsalobre es sólo uno más de los muchos pueblos afectados en España. Según datos del Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC) suministrados a Greenpeace por el Ministerio de Sanidad, hasta 411 municipios no han podido beber agua por contaminación de nitratos durante algún periodo de tiempo entre 2016 y 2021. Eso les ha obligado a buscar un suministro alternativo, ya sea reparto de agua con camiones cisternas, agua embotellada o aparatos desnitrificadores. En el caso de Torrejoncillo, fue el agua embotellada.

Su compra se disparó de tal manera que la recogida de residuos de plástico no daba casi abasto este agosto. “Había muchos contenedores llenos de garrafas de agua hasta arriba”, recuerda la alcaldesa. “Esto nos obliga a tener un gran gasto de agua; garrafas y garrafas”, cuentan Isidro y Feli, matrimonio, a las puertas del edificio municipal, cuya planta baja tiene una sala que es usada de peluquería para los más mayores en una de esas reinvenciones de la España vaciada para sobrevivir.

Fertilizantes

Los nitratos son nutrientes que se encuentran naturalmente en el medioambiente, no tienen color ni sabor y se pueden hallar tanto en el suelo como en las aguas o en las rocas. Son fundamentales para el ciclo de la vida, pero cuando su composición se altera por el uso de fertilizantes artificiales o el uso de excrementos de animales -purines- como fertilizantes, muy ricos en nitratos, pueden ser tóxicos y afectar a la salud humana. El principal causante de los nitratos contaminados, según Greenpeace, es la ganadería (en un 80%), principalmente la porcina, seguido por la agricultura intensiva y los fertilizantes sintéticos. También hay alta incidencia de nitratos potencialmente tóxicos donde no hay un buen tratamiento de los residuos humanos. 

En Huerta de la Obispalía, el municipio colindante a Torrejoncillo, funcionan cuatro macrogranjas de cerdos y dos de ovejas, grandes generadores de purines que se recogen, se trasladan en cisternas y son usados directamente como abono para las vastas zonas de cultivo de cereal de la zona, tanto en Huerta como en Torrejoncillo. De esos campos de secano, en esta época de un color marrón intenso tras haberse labrado hace poco para la próxima campaña, los nitratos estarían pasando a los manantiales y pozos de los que se alimenta el pueblo. Nadie, ni en Torrejoncillo ni en ningún sitio de España, vigila qué cantidad de purines se echa ni en qué zonas ni cuánta concentración de nitratos pasan a las tierras de cultivo. Los acuerdos privados son entre el agricultor y el ganadero. “Lo que hacen es convertir los terrenos de cultivo en vertederos”, concluyen los ecologistas.

“Nos están envenenando, llevan años haciéndolo. Yo llevo veinte años sin beber agua del grifo. Los manantiales están muy contaminados”, dice Mercedes, concejala del Ayuntamiento pero que dice hablar como vecina. “No le importamos a nadie, aquí sólo se preocupan de Madrid y Barcelona; somos el último pedo que se tiró Mahoma”, protesta su marido Emilio, que cuenta que, aparte de problemas con el agua, hay malos olores y moscas. “Antes había tres almazaras de aceite, pero ya nadie planta”, lamenta Emilio. “Ya no ves ni pájaros cuando aquí esto era una gozada por las mañanas”, aprecia nostálgica Mercedes, que apunta también a los otros dos males de la España vaciada que sufre también su pueblo: los molinos de viento y las placas solares.

“El agua con nitratos es un problema que afecta a toda España, aunque hay zonas más sobrecargadas que otras; el Gobierno de hecho reconoce que es uno de los grandes problemas de las masas de agua de nuestro país”, asegura Luis Ferreirim, responsable de Agricultura y Ganadería de Greenpeace España. De acuerdo a los últimos datos disponible, de 2021, la comunidad donde ha habido más mediciones iguales o superiores a 50 mg/l ha sido la Comunidad Valenciana (180), seguida de Islas Baleares (174) -seguramente vinculado a que sus instalaciones de gestión de residuos no están del todo preparadas para absorber tanta población en verano-, Castilla La-Mancha (140) y Castilla y León (139).

900 millones de sacrificios al año

Los datos no son del todo concluyentes ya que hay comunidades, como Navarra, Murcia o Cantabria, que no reportan ningún dato. De hecho, solo un 53% de los más de 8.100 municipios de España han reportado mediciones. Pero sí hay una cifra inapelable y preocupante: si en 2016 había un 3,76% de análisis que daban por encima del límite legal, en 2020 la cifra se eleva al 5%. Tiene que ver con el aumento exponencial de las macrogranjas. Según cálculos de Greenpeace a través de datos oficiales, ya se sacrifican más de 900 millones de animales al año en nuestro país: “Eso es una cifra mayor que las personas que hay en la UE; son muchos animales comiendo y cagando”.

En la zona de Banastás, en Huesca, el agua contaminada es ya un problema endémico y recientemente la Diputación ha realizado obras para enganchar a los municipios de la zona, que se alimentaba de los embalses subterráneos, a la red de agua de Huesca. “En Aragón ha crecido mucho la cabaña ganadera; hay ya nueve millones de cerdos censados”, dice Luis Ferreirim. En Castejón de Alarba, en el área de Daroca, los límites se han rebasado hasta siete veces y en uno de los análisis se llegó a tener 295 mg/l. En Montamarta, un pequeño pueblo de Zamora, se declaró no apto el consumo hace unas semanas, por el también alto nivel de nitratos. "Parece que ya en el último análisis estamos por debajo del límite, estamos esperando al laboratorio", explica Gregorio Álvarez, el alcalde.

En Castilla y León, con cada vez más macrogranjas, comienza a ser un problema muy serio que ha llegado a los tribunales. El pasado verano, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ratificó la legalidad de una macrogranja de 1.999 cerdos en Gumiel de Mercado (Burgos), al lado de las viñas de Cuevas Jiménez, una bodega de la Denominación de Origen Ribera del Duero. El tribunal entendió que estaba en suelo rústico, no necesitaba declaración de impacto ambiental ya que no era de uso industrial -no se realizaba transformación de producto- y podía funcionar solo con la licencia municipal.

Lo cierto es que la ley establece un marco general, como que las macrogranjas estén a al menos un kilómetro de distancia de los núcleos urbanos, pero luego cada comunidad, cada consistorio y la respectiva confederación hidrográfica -en el caso de que haya concesión de aguas- establece sus requisitos. Según Greenpeace, las comunidades más laxas a la hora de imponer exigencias son las dos Castillas, Aragón y Murcia.

Daño al turismo

“Nosotros no estamos en contra de las macrogranjas, sino que se instalen donde no hay otra actividad económica”, explica el director José Zapatero, director de la Bodega Cuevas, que junto con otras bodegas de la D.O. planean crear una plataforma para defenderse de la 'invasión' de estas megainstalaciones ganaderas. Y no es solo por el miedo a que los purines afecten a la calidad de los acuíferos, sino por los malos olores que se generan y que ahuyentan el turismo, algo que ocurre en otras zonas de España. “Tenía pensado hacer un mirador muy chulo dentro de las rutas de enoturismo en una zona donde se ven muy los viñedos y dos sierras pero, ¿cómo vas a llevar allí a la gente con lo mal que huele?”, se pregunta Zapatero, que recuerda que las macrogranjas no fijan población, porque apenas generan empleo [con dos personas se puede llevar una].

La victoria de Bailén

En algunos casos, los movimientos vecinales han logrado parar las instalaciones, como en Bailén, donde una asociación vigiló cada movimiento administrativo hasta el final para tratar de evitar los malos olores y la posible contaminación a los olivos, principal industria de la zona tras reventar la burbuja del ladrillo. Rara vez es un problema que afecte a grandes ciudades. “Santiago de Compostela sí tuvo un problema puntual por vertido de purines, pero no es común. Estas actividades están en el campo, en la España vaciada, donde no hay un rechazo social tan grande para hacer resistencia”, afirma el responsable de Greenpeace, que pide a las administraciones una moratoria de nuevas licencias de ganadería intensiva tanto de nueva instalación como de ampliaciones. La Confederación Hidrográfica del Ebro, por ejemplo, ha sido pionera al prohibir nuevas instalaciones en las zonas con alta concentración de nitratos. 

“En el pasado las administraciones han tenido una gran permisividad”, critica Ferreirim, que recuerda que la Comisión Europea ha advertido a España varias veces por esta alta concentración de nitratos. La contaminación del agua de consumo humano es el principal problema de los purines que generan las macrogranjas, pero las balsas de purines también son grandes generadoras de metano, que es uno de los grandes causantes del efecto invernadero, y de amoniaco. Además, a gran cantidad de agua que requiere cada una de estas macrogranjas también supone un quebradero de cabeza en época de sequía.

En Torrejoncillo, tal como adelantó EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, el Consistorio también emprendió una batalla legal -que ha ganado- contra la última macrogranja que se montó, de 7.200 cerdos. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha anuló el permiso ambiental de la Junta porque no se tuvo en cuenta la gran acumulación de instalaciones ganaderas en la zona que suman decenas de miles de cabezas de ganado. “Ahora toca esperar a ver si se presentan recursos”, asegura la alcaldesa, aunque está claro, dice, “que hay que tener más control sobre los vertidos de purines”. "La sentencia no va a servir de nada, ¿van a cerrar? No lo creo", pronostica Mercedes.

En el pueblo, aun así, hay quien defiende las macrogranjas, como Angelines, que lleva la única tienda de alimentación, y rezonga cuando le preguntamos si vende más agua desde que salió el bando. “Vendo la misma”, afirma cortante. A la izquierda del mostrador de la entrada, sin embargo, se acumulan una veintena de garrafas grandes. “¿Si a la España vaciada, la despoblada, le quitas la ganadería y la agricultura, qué le queda? Yo, por ejemplo, tendría que cerrar. Esto del agua no viene de hoy. El agua lleva estando así muchos años; mucha gente sigue bebiéndola, tiene aparatos en casa”, suelta la comerciante, a la que dan la razón los clientes, entre ellos Ángel, de 83 años, el exalcalde, que al preguntarle pone cara de ‘no me metas en este marrón’ tras años con el tema encima de su mesa de Alcaldía. “Mira, yo nunca bebo agua. Nunca. Si es que no es buena. Tú echas una mosca a un vaso de agua y se muere; y la echas a uno de vino y sobrevive. Pues eso, que no es buena”, sonríe pícaro.