El pasado martes leí en este mismo diario algo que me pareció un paso atrás y una gran equivocación, por lo que significa. La noticia decía así: “los hosteleros de Zamora aplauden que se pueda volver a fumar en las terrazas”; y se añadía: “la prohibición sigue vigente por normativa COVID, pero Sanidad (de Castilla y León) no tiene voluntad de mantenerla cuando deje de estar en vigor tal norma”.
Aunque lo cierto es que, con prohibición o sin ella, en muchas terrazas y espacios públicos abiertos no son pocas las personas que siguen fumando, sin importarles lo más mínimo si molestan, o mejor dicho, si perjudican a quienes puedan tener a su alrededor, lo que denota no solo una falta de educación sino, y sobre todo, una absoluta falta de respeto hacia los demás y un tremendo desprecio por la salud propia y ajena porque, está archidemostrado, el tabaco mata; a mi juicio, lo más grave del asunto es que puedan ser las consejerías de Sanidad (qué mayúsculo error fue transferir las competencias en materia de sanidad, entre otras, a las comunidades autónomas…) las que tengan la capacidad de legislar al respecto y de una manera tan arbitraria (muy recientemente salió a la luz que en Cataluña se están planteando redactar una ley para prohibir fumar en las terrazas de bares y restaurantes, en las salidas y entradas de los colegios, en las playas, en las paradas de los autobuses...).
No puedo entender cómo es posible que haya personas que, encontrándose en el ejercicio de responsabilidades públicas relacionadas con la sanidad, puedan defender más el derecho de los fumadores que el derecho de toda la población a no ser contaminada
A finales del pasado año, quien esto suscribe escribió un artículo, que llevaba por título: “Un 10 para el Ministerio de Sanidad”, cuando supo que la administración del Estado estaba estudiando redactar una ley para seguir avanzando en la lucha contra el tabaquismo. Por aquellas fechas se pudo saber que, además de medidas fiscales y de otro tipo, cuyo fin era gravar el consumo de tabaco, lo que se planteaba el Gobierno era hacer extensiva la prohibición de fumar a la mayoría de los espacios públicos abiertos, como: las terrazas de bares y restaurantes, las playas, los recintos deportivos…, e incluso en los vehículos de uso propio. Un servidor celebró la noticia y se hizo eco de ella con gran satisfacción porque, por desgracia, en tiempo pasado sufrió muy de cerca lo nociva que puede ser tal adicción.
Por todo lo referido, y por mucho más que me dejo en el tintero por ser producto de experiencias personales, no puedo entender cómo es posible que haya personas que, encontrándose en el ejercicio de responsabilidades públicas relacionadas con la sanidad, puedan defender más el derecho de los fumadores a fumar, que el derecho de toda la población a no ser contaminada, o si quieren, a no ser molestada cuando está compartiendo un espacio público con personas que son víctimas de la adicción a una droga tan perjudicial para la salud como lo es el tabaco.
El CNPT -Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo- lleva mucho tiempo reclamando al Gobierno de la nación una gobernanza única en la lucha contra lo que, según los datos que se conocen, es la primera causa de muerte evitable en España, es decir, un problema de salud pública de primera magnitud que es responsable directo del fallecimiento de cerca de 70.000 españoles al año, de los cuales, se sabe a ciencia cierta, más de 1000 son lo que se ha dado en llamar fumadores pasivos, o sea, personas que durante su vida tuvieron que soportar de manera habitual ambientes contaminados por el humo de los cigarrillos, sin derecho a poderse defender (hogares, locales de pública concurrencia…).
Estos datos, por encima de los intereses económicos de algunos -en este caso me refiero particularmente a los hosteleros que, según la información referida al comienzo, al parecer, aplaudirían al consejero de Sanidad caso de que dejara sin efecto la prohibición de fumar en las terrazas de sus establecimientos- deberían hacer reflexionar a quienes ostentan cargos de responsabilidad en el sector sanitario, pues no parece muy juicioso que los que tienen que velar por la salud de todos estén dispuestos a mirar para otro lado, solo porque hay que tratar de beneficiar económicamente a unos pocos.
Que me perdonen los hosteleros, pero yo les pediría que también sean ellos los que reflexionen, porque hacer algo para que nuestros descendientes puedan disfrutar algún día de una sociedad sin humos procedentes del consumo de tabaco es una labor que merece la pena. Quienes nacimos en el siglo XX nunca pudimos disfrutar de un ambiente sin ese tipo de humos, porque nuestros padres y abuelos quedaron imbuidos por el tabaco de tanto ver en las pantallas fumar a sus ídolos cinematográficos. Hagamos cuanto esté en nuestras manos para que nuestros hijos y nietos, al menos en tal aspecto, puedan disfrutar de una atmósfera más sana.
Por el bien de la mayoría, espero que no solo el gobierno de Cataluña sino, y dando ejemplo, el de la nación, y por supuesto los de todas las CC. AA. entiendan que lo más importante es la salud y no los réditos económicos que la industria tabaquera pueda seguir generando, independientemente de cual sea el sector más beneficiado (Presupuestos Generales del Estado, incluidos).
