Todavía hay quienes, incluido el gobierno socialista-podemita, que ante subidas de precios disparadas como las que estamos viviendo en estos meses, defienden que no hay de qué preocuparse. La solución es fácil, nos dicen con cara sonriente y burda mentira o ignorancia: que se suban los salarios. O, como el hermano del ministro Garzón, que va por ahí defendiendo el siempre fracasado sistema económico marxista: “es solo cuestión de imprimir más dinero y asunto arreglado”.
La imbecilidad de esos argumentos es tal que llevaría a la risa de no ser porque de todos los impuestos que las políticas públicas instauran frente al ciudadano y la sociedad productiva, la inflación es el más injusto o, como se viene llamando ya desde los inicios de la conocida como escuela de Salamanca del pensamiento económico, el impuesto a los pobres, ya que es a los grupos económicamente más vulnerables, a los que con más fuerza golpea y destruye.
La cesta diaria de la compra, el alquiler o la cuota de la hipoteca de la vivienda habitual y la factura de consumo de los servicios y suministros de primera necesidad se llevan una buena parte de la renta
Las espirales de precios afectan más a los individuos y familias que menos tienen porque inciden más duramente sobre bienes de primera necesidad en los que gastan una proporción de su renta notablemente más elevada que las rentas altas. La cesta diaria de la compra, el alquiler o la cuota de la hipoteca de la vivienda habitual y la factura de consumo de los servicios y suministros de primera necesidad se llevan una buena parte de la renta disponible de las familias con menor poder adquisitivo. Según un reciente estudio de La Caixa, estos hogares con rentas medias y bajas concentran el 13% de su gasto en alimentos y otro 20% aproximadamente en vivienda, gas, electricidad y calefacción. Por el contrario, estos gastos representan menos del 10% y del 5%, respectivamente, en el caso de los hogares con mayor renta. En total el 33% de media (poco me parece) frente a menos del 15%.
Del mismo modo ocurre con los sectores productivos, en los que los pequeños productores agrícolas, artesanales o pequeña industria no pueden hacer frente a la factura para la compra de las materias primas o, como estamos viendo, a la propia factura energética, con lo cual, si no pueden llegar a producir, en nada les puede compensar que el precio de venta pudiera ser mayor por causa de la misma inflación. De ahí al cierre el paso es muy corto. Más en una situación como la actual en la que la subida de precios no viene determinada por el crecimiento de la economía y la renta personal, con el consiguiente incremento de la demanda de consumo, sino al revés, por la caída de la oferta de bienes y servicios fruto de la suma de los últimos coletazos de la crisis precedente al COVID, la paralización del comercio mundial por la pandemia y los efectos de la guerra de Ucrania y la coyuntura internacional.
Si a ello le sumamos un gobierno injusto, incompetente y sectario, empeñado en seguir subiendo los impuestos de manera directa e indirectamente por el efecto de la propia inflación sobre la recaudación, tendremos el desastre económico y para el empleo que nos espera a pocas semanas vista. Sin que para preverlo haya que ser adivinos.
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