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Next Generation: Lluvia de millones y el reto de usarlos bien

Next Generation: Lluvia de millones y el reto de usarlos bien

La presentación de los presupuestos de todas las administraciones, de la central, a la autonómica, provincial y local, suele ir acompañada de una retahíla de adjetivos que enfatiza, habitualmente, el capítulo de las políticas sociales. Pero quizá esta vez, en los presupuestos que se van conociendo, primero los del Gobierno central y esta semana los de la Junta de Castilla y León, sí cabe hablar con todo rigor de “presupuestos históricos”. Lo son por el contexto en el que se ponen en marcha: un mundo aún asediado por la pandemia del COVID-19 que ha hecho saltar por los aires economías aún no recuperadas de la última depresión, una crisis social sin precedentes y unos mecanismos de salvamento activados desde el seno desde la Unión Europea, es decir, desde la cooperación entre países, que suponen un montante de ayudas sin parangón en el caso de España.

La ilusión generada por esa “lluvia de millones” de la que empieza a presumirse en los presupuestos públicos supone, en realidad, un reto mayúsculo al que estamos obligados a responder con la máxima responsabilidad

No son dádivas, sino fondos de cuya gestión habrá que dar cumplida cuenta con transparencia y con eficacia. Los denominados Fondos Next Generation son, en realidad, una deuda que deberá ser amortizada en el futuro por esas próximas generaciones a las que alude el nombre, por lo que todas las actuaciones deben estar dirigidas a la creación de nuevos recursos propios. Las líneas generales trazadas desde el Consejo Europeo para la aplicación de las ayudas, señalan como objetivos prioritarios la modernización de las administraciones públicas, la digitalización de la economía, el combate del cambio climático y la mejora de la cohesión territorial y social de los estados. Todos, pero sobre todo este último punto, tocan de lleno a la problemática que afecta a provincias como Zamora y por ello, la actuación tanto del Estado, principal actor en la ejecución de los Next Generation, como de las comunidades autónomas como cogestionadoras de los mismos, y demás administraciones responsables, resulta de vital importancia.

Sin embargo, cuando está a punto de iniciarse el primer período en el que tendrán que comprometerse el 70% de los proyectos de unas ayudas evaluadas en 140.000 millones de euros a lo largo de los próximos tres años, las dudas siguen planeando sobre varios de los actores que debieran ser protagonistas. Para muestra, la asamblea de esta misma semana de los promotores inmobiliarios zamoranos, donde quedó claro el desconcierto del sector en un apartado clave dentro de las ayudas: el destinado a la rehabilitación de viviendas. Los promotores zamoranos se reunían por primera vez cuando el tiempo de descuento ha arrancado: veinte días después de que el BOE publicara las medidas para el impulso de la actividad edificatoria y ya dentro del plazo de tres meses, cada comunidad autónoma deberá trasponer el texto general y adaptarlo a la legislación regional.

La rehabilitación ha sido una de las salidas reivindicadas a menudo por la construcción en Zamora como motor de recuperación de una actividad que, de ser una de las principales de la provincia hace dos décadas con miles de empleo a su cargo, ha pasado a ser casi testimonial tras las sucesivas crisis en las que echaron el cierre emblemáticas empresas radicadas en la provincia pero que operaban a nivel nacional al frente de grandes infraestructuras públicas y en la promoción de viviendas.

Inexplicable el retraso y la desorientación entre los empresarios zamoranos si, como ellos mismos reconocen, en otras ciudades como la vecina Salamanca o en Burgos, ya existen proyectos perfilados mientras en Zamora “no hay nada”. Una situación a resolver a marchas forzadas y de la que no puede culparse únicamente al ámbito político, si bien se necesitará la concurrencia de las oficinas de urbanismo de los distintos ayuntamientos para evitar que esa nada sea definitiva. Hablamos de proyectos que pueden superar los 600 millones de euros en el conjunto de la región. Los promotores calculan que el 81% de las viviendas españolas necesita rehabilitación. El porcentaje aumenta en la mayoría de las localidades de provincias como Zamora. Europa establece plazos para el control del gasto de los fondos incompatibles con las demoras burocráticas a las que acostumbran administraciones como el Ayuntamiento de la capital, objeto de crítica constante por empresas y particulares.

Efectivamente, toca “ponerse las pilas”, como arengaron en la reunión celebrada en la Cámara de Propietarios, y hay que hacerlo a velocidad de crucero, pero sin margen para error. En todo el tiempo transcurrido parece que siguen sin corregirse los defectos iniciales señalados por expertos: el Gobierno no ha desarrollado suficientemente los mecanismos adecuados para canalizar la participación y tanto la sociedad civil, como el sector privado, comunidades autónomas y entidades locales, han quedado en el papel de actores secundarios en una cuestión capital.

Lo que se respira, aún, entre los posibles destinatarios es un problema de participación: en definitiva, no saben cómo deben hacerlo o a quién deben dirigirse. Y lo evidenciado entre los promotores zamoranos esta pasada semana muestra uno de los graves riesgos que acarrea la gestión de los fondos europeos: 70.000 millones en una primera entrega de los 140.000 millones que corresponden a España entre subsidios, transferencias a fondo perdido y préstamos a canalizar de aquí a 2024. En tres años el futuro de todo un país, y especialmente de provincias como Zamora, puede quedar sentenciado si se aprovechan para el objetivo diseñado: la modernización y el reequilibrio territorial. Lo imperdonable es que esta aparente falta de coordinación y cooperación pueda dar al traste con una oportunidad única por falta de proyectos coherentes, planificados, si se repite la improvisación chapucera de otras convocatorias de mucho menor calado como el Plan E.

Los fondos Next Generation ponen de nuevo a prueba la solvencia tanto de las Administraciones Públicas como de las empresas privadas. La ilusión generada por esa “lluvia de millones” de la que empieza a presumirse en los presupuestos públicos supone, en realidad, un reto mayúsculo al que estamos obligados a responder con la máxima responsabilidad.

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