La sentencia tiene 81 folios. Los once miembros del Tribunal Constitucional (TC) necesitaron más de quince horas para pronunciarse. Y cuando lo hicieron, no hubo consenso ni acuerdo. Seis votaron a favor de la ponencia, redactada por el juez Pedro González Trevijano, cercano al PP, y cinco se opusieron, entre ellos el presidente del TC, Juan José González Rivas, también considerado conservador. Al citado tribunal le falta un integrante, el vallisoletano Fernando Valdés, que dimitió tras una denuncia por supuesta violencia contra su mujer. Con fama de progresista, su voto podría haber dado lugar a un empate a seis. Tendría que haberlo resuelto el presidente. O sea que, en ese hipotético caso (que ya no se dará) el resultado hubiese sido justamente el contrario de lo que fue, pero igualmente habría quedado clara la división reinante entre los magistrados y las fuertes discrepancias existentes.
Vox estuvo apremiando y apremiando a Pedro Sánchez para que decretara el estado de alarma y, cuando lo hizo, votó a favor en el Congreso. A los pocos días, presentó recurso de inconstitucionalidad ante el TC. A eso se le llama coherencia
Y, claro, si personas doctas, versadas en leyes y nada menos que miembros del Constitucional no se ponen nada de acuerdo en esta importantísima materia, ¿qué podemos pensar usted y yo y su vecino y la gente corriente, que, a estas alturas, duda si estuvo bien confinada o si aquello fue tan inconstitucional como dicen el señor González Trevijano y los cinco jueces que le respaldaron, entre ellos doña Encarnación Roca, vicepresidenta del TC, propuesta por la antigua Convergencia i Unió (ahora ya ni sé cómo se llama) y elegida con los votos del PSOE. Ella fue quien deshizo el empate y la que, por tanto, dio la razón parcialmente al recurso presentado por Vox contra aquella primera norma que instauró el estado de alarma hace año y pico. Un inciso: Vox estuvo apremiando y apremiando a Pedro Sánchez para que decretara el estado de alarma y, cuando lo hizo, votó a favor en el Congreso. A los pocos días, presentó recurso de inconstitucionalidad ante el TC. A eso se le llama coherencia, rectitud y muchas más cosas, eso sí patrióticas. ¿Ganas de desgastar al Ejecutivo social-comunista-bolivariano y demás grandes epítetos? Por favor, no me sean mal pensados. Aquí todo se hace siguiendo el mandato bíblico de amar al prójimo como a ti mismo.
Volvamos a la polémica sentencia. Entre otras cosas, dice que “la restricción de derechos fue de altísima intensidad” y que “se alteró el orden público y eso legitima el estado de excepción”. O sea, en román paladino, que para realizar el confinamiento tenía que haberse aprobado el estado de excepción, más duro y con más recorte de libertades que el de alarma. Además, y ésta es otra de las claves del asunto, el estado de excepción ha de ser declarado por el Congreso a propuesta del Ejecutivo, un proceso más largo y engorroso que el seguido ante el estado de alarma. ¿Estaba entonces, marzo del 2020, el país para retrasos y para cogérsela con papel de fumar ante el avance de la pandemia y los centenares de muertos diarios? La sentencia no entra en eso, como si los matices legales fuesen más importantes que frenar como fuera aquellas oleadas de enfermos y fallecidos. A Vox tampoco parece pesarle mucho. Lo vital es aprovechar el fallo para exigir la dimisión de Sánchez. Veremos lo que tarda en dar la matraca con la moción de censura.
El Gobierno lo ha visto de otra manera. Disgustos aparte, ha calificado de “falta de sentido de Estado” la postura del Constitucional y ha asegurado que con la medida drástica del estado de alarma se evitaron unos 45.000 fallecimientos y se logró parar una oleada hasta entonces desbocada. Para la ministra de Defensa, Margarita Robles, jueza ella, la postura de los magistrados que apoyaron la inconstitucionalidad son “elucubraciones doctrinales que están muy bien, pero no deberían plasmarse en sentencias”. Es decir, menos teorías quisquillosas y más pragmatismo, que, en lo que nos ocupa, era evitar muertes. Casi nada.
El progresista y ex fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, uno de los cinco que se opusieron al fallo va más allá. Lean algunas de las frases de su voto particular: “No resuelve sino que crea un grave problema político al desarmar al Estado contra las pandemias al privarle del instrumento que la lay determina expresamente para hacer frente a las crisis sanitarias que no es otro que el estado de alarma”, “el fallo no responde en absoluto a verdaderos criterios jurídicos” (y aquí insinúa motivaciones políticas por usar un “atajo argumental con un argumentario muy pobre”),”no cabe el estado de excepción porque no hubo grave alteración del orden público”.
Y ahora, ¿qué?, ¿nos desconfinarán con carácter retroactivo o bastará con no tener que pagar las multas?, ¿nos premiarán a los que cumplimos? Un lío. Que decida Vox.
