Zamora se encuentra en el grupo de provincias menos afectadas por la caída del PIB a consecuencia del parón de la pandemia, según los datos del Banco de España dados a conocer esta semana. Pero en absoluto puede calificarse como buena esta noticia, sino todo lo contrario. Solo confirma el viejo refrán que reza “de donde no hay no se puede sacar”, dado el escaso peso del turismo en la provincia, sector que empuja hacia abajo al conjunto de España. En la práctica, la pérdida de más de 221 millones de euros, el 6,4% de la riqueza producida durante 2020, deja a Zamora como el pobre que recogía las cáscaras de los altramuces del menesteroso que le precedía en el cuento del Conde Lucanor. La búsqueda de soluciones y alternativas que contribuyan a forjar un nuevo mercado laboral, con diversificación de actividades, requiere actuar con prontitud y decisión si queremos corregir el rumbo de un futuro incierto en las zonas más deprimidas. Con una sangría poblacional que nos coloca ya al borde de perder los 170.000 habitantes para una extensión de casi 10.560 kilómetros cuadrados, donde la emigración deja detrás terrenos baldíos y pueblos semiabandonados, resulta obvio que nos sobra suelo. Un excedente del que aún se puede sacar rendimiento, al margen de la producción agrícola, que debe primarse como actividad esencial. Zamora, además, es una de las provincias con mayor número de horas de sol al año, casi 3.000. Terrenos baldíos de sobra y radiación solar, convierten a Zamora en candidata idónea para la instalación de huertos solares para la producción de energía fotovoltaica.
La instalada en suelo provincial ya en marcha alcanza los 85 megawatios. Pero hay numerosos proyectos de los cuales una decena están casi al final de su prolija tramitación. Los proyectos a punto de convertirse en realidad superan cada uno la producción de 50 megawatios, lo que incrementará la importancia de la energía solar producida en territorio zamorano. Las plantas proyectadas suman en torno a los 500 millones de euros de inversión. Por el suelo zamorano se interesan las grandes sociedades. Las administraciones competentes para la regulación son la Junta de Castilla y León para las estructuras que producen hasta 50 megawatios y, directamente el Ministerio de Transición Ecológica para las más de mayor producción. La llegada de esta “fiebre de las fotovoltaicas” nada tiene que ver con el infausto recuerdo que dejaron las plantas de principios de los 2000. El nuevo marco legislativo ha acabado con las primas y subvenciones de las que unos cuantos corruptos quisieron sacar tajada.
La nueva política de renovables, que incluye la solar, está ligada directamente al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), a desarrollar entre 2021 y 2030, siguiendo las directrices de la Unión Europea, con el objetivo de rebajar el nivel de emisiones un 23% en ese lapso de tiempo. Según los expertos, solo en fotovoltaicas las inversiones pueden llegar a los 25.000 millones de euros en el decenio para el conjunto de España, con posibilidades de ampliarse en un futuro inmediato. La producción de energía solar a precio competitivo, sin cantidades fijas, reduce los márgenes para la especulación. La normativa que se aplica es rigurosa y comprende las regulaciones de los procedimientos urbanístico, industrial, energético y, sobre todo, medioambiental. Las parcelas deben encontrarse próximas a un punto de conexión o a una subestación para poder dar salida a la energía que se produzca e incorporarla a la red eléctrica y así abaratar costes.
Un buen aprovechamiento de los proyectos puede contribuir a generar riqueza y, con ello, a fijar población, convirtiéndose así en uno de los pilares de la estrategia para el reto. La explotación de la energía solar no debe ni tiene por qué impedir el funcionamiento de la actividad tradicional ni suponer un impacto medioambiental irreparable, puesto que las estructuras pueden desmontarse. Se trata de obtener rentabilidad de terrenos que nada disputan a la producción agrícola para que el resultado final sea sumar posibilidades de desarrollo en el mundo rural. Los propietarios de los terrenos donde se instalan esos huertos solares, normalmente en régimen de arrendamiento, como ha sido el caso de todas las instalaciones tramitadas en la provincia, podrán obtener una renta de parcelas baldías o improductivas. De algunos proyectos ya en marcha, las menguadas arcas municipales llegan a obtener ingresos de 300.000 euros al año, lo que supone un vuelco para mejor en ayuntamientos demasiado dependientes de ayudas y subvenciones raquíticas que demoran la implantación de servicios básicos. Esto último también se puede ver afectado positivamente por la llegada de fotovoltaicas, ya que contribuiría a romper el círculo vicioso de pueblos sin servicios que no atraen población y viceversa, servicios que nunca llegan con la excusa de que no existe demanda. Una baza más para acelerar la implantación de Internet de alta capacidad en la Zamora rural.
Los huertos solares generan empleo directo durante la construcción de las mismas y, posteriormente, por la necesidad de contar con equipos de mantenimiento y vigilancia que requieren especialización y cualificación media-alta. No serían muchos los puestos a desarrollar, pero nada es despreciable cuando el punto de partida es cero. Pero existe, a mayores, otra posibilidad a explorar para modificar el mercado laboral en la que instituciones y agentes sociales deberían volcar esfuerzos: las nuevas instalaciones abren la puerta a una de las reivindicaciones históricas de Zamora como productora de electricidad: poder negociar tarifas favorables como fórmula de discriminación positiva para los territorios que acogen las estaciones productoras. Justo lo que nunca se consiguió con las presas que, indudablemente, supusieron un impacto ecológico y urbanístico mucho mayor. Estas tarifas de consumo abaratadas, junto a las facilidades de tramitación burocrática y otro tipo de bonificaciones, se convertirían en el mejor reclamo para la ubicación de nuevas empresas. De hecho, son varios los expertos que aseguran que muchas sociedades de consumo intensivo en sus producciones tienen puestos sus ojos en la localización de este tipo de instalaciones, porque situarse cerca de la fuente productora de energía les disminuye los costes.
Los proyectos puestos en marcha han generado algún resquemor entre los más conservacionistas, aunque las normas que aconsejan entidades como la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), a la que están adscritas más de 500 empresas, son muy estrictas en el terreno medioambiental y en la implicación de las gentes de los territorios en las plantas que acogerán terrenos que nunca dejarán de pertenecer al pueblo. Desde el punto de vista ecológico incluyen desde la conservación de especies vegetales autóctonas como la habilitación de pasos para fauna e incluso la posibilidad de que se puedan aprovechar zonas entre paneles como pastos. En sus planes inmediatos se contempla la creación de un sello de calidad para las asociadas que vayan más allá de lo que marca, de por sí, la ley, en materia medioambiental. Para los inconvenientes o incumplimientos que pudieran darse, corresponde a las administraciones vigilar de cerca e implementar normas de obligado cumplimiento a expensas de las licencias y permisos que deberán obtener las explotaciones. La primera parte de esa tramitación suele solventarse en un año, pero el aluvión de expedientes y la complicada y necesaria evaluación ambiental, puede alargar el plazo final, decisivo para obtener todas las ventajas señaladas. La senda que señala al futuro se escribe en clave de energías renovables y así queda en evidencia en los postulados de los fondos Next Generation de la Unión Europea para la reconstrucción pospandemia.
Zamora, considerada en su día como la “joya de la corona” por la producción de energía hidroeléctrica, producción limpia, pero con un coste social y ecológico muy alto, puede sumar su notable aportación en eólicas y, ahora, en fotovoltaicas, para dar un giro definitivo a su economía, a su futuro. Otras comunidades como Extremadura caminan a toda velocidad por este mismo sendero. Las administraciones deberán estar vigilantes para que se cumplan escrupulosamente los requisitos sin que colisionen los intereses agroalimentarios ni se perjudique nunca el medioambiente. Pero también para no dejar pasar uno de los últimos trenes capaces de cambiar lo que los indicadores económicos auguran, en negativo, para Zamora.
