El conseguir un objetivo requiere alcanzarlo con eficacia y eficiencia es decir, con la “capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera” y con la “capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado”, respectivamente, y según la definición que contiene el Diccionario de la Lengua Española de la R.A.E.

Y es que en cualquier actividad humana habrá que procurar el empleo pleno y rentable de todo tipo de recursos humanos, materiales, financieros, etc., que implica, para procurar el objeto social de la empresa, como la realización de las competencias de las administraciones úblicas, en el mayor grado o nivel posible y con el mínimo de tales recursos.

A tales fines, la disponibilidad de formación e información relevante sobre la realidad a la que tenga que dirigir sus actuaciones las personas y entidades, debido a sus respectivas obligaciones, es fundamental para lograr la solución de la problemática a que deban de atender, como el máximo grado de satisfacción de las demandas, necesidades y deseos de sus destinatarios, bien sean clientes, administrados o cualesquiera personas con las que existan relaciones de diversa naturaleza.

Es por tanto, como dicta la experiencia, el sentido común y el buen hacer; aspectos que siempre deberían estar presente en el quehacer humano, lo que exige dominar la profesión; por haber cursado los estudios académicos correspondientes con el máximo “aprovechamiento” y por tenerlos “actualizados” por la formación permanente para evitar quedarse obsoletos, inútiles, disfuncionales, y ser una rémora para la organización y equipo de trabajo al que pertenezca

También la disponibilidad y consideración de toda la información relevante relativa a la realidad objeto de la aplicación de los saberes profesionales, como puedan ser los datos estadísticos disponibles; coadyuvará a su mejor comprensión, a su visión más completa y certera, etc.

Consecuentemente, la elaboración de informes, de estudios, de propuestas, etc., como a la toma de decisiones más certeras; logrando, por ejemplo, la existencia de planes provinciales de obras y servicios óptimos por contener la previsión de ejecución de infraestructuras objetivamente seleccionadas al observar la Diputación Provincial, escrupulosamente, los mandatos legales previstos en la normativa reguladora del Régimen Local; al haber ponderado adecuadamente su naturaleza, su impacto en la solución de necesidades públicas esenciales, como las relativas a la sanidad, a la enseñanza, a las comunicaciones, etc., en la creación de empleo, en su contribución a la fijación de población, a la atracción de talento, de emprendedores, etc.

La propuesta, y posterior aprobación por las corporaciones municipales y provinciales. y la utilización de las más novedosas herramientas informáticas como la Inteligencia Artificial, (IA), el blockchain, etc., la utilización actualizada de la Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales (EIEL), la dirección por objetivos, etc., conseguirán un más exacto y fiel cumplimiento de sus responsabilidades funcionariales y políticas, respectivamente, al ejercerlas con conocimiento de causa, equidad, proporcionalidad y, por lo tanto, con justicia y equidad; satisfaciendo plenamente las aspiraciones ciudadanas de los pueblos.

Y también, por supuesto, hay que “echarle un vistazo” al B.O.E., especialmente los empleados públicos, pues, a veces, las disposiciones legales que publican tienen un contenido relevante, de interés, adaptable, etc., al ejercicio riguroso de cualquier otra administración pública, como la Local.

“Verbigracia”, los “principios de gestión”, las “directrices de gestión, coordinación y de procesos y procedimientos”, previstas en el el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; que también pueden, y debieran, ser consideradas por cualesquiera organizaciones públicas o privadas.

Entendemos, pues las políticas públicas como los “proyectos/actividades que un Estado diseña y gestiona a través de un gobierno y una administración pública con fines de satisfacer las necesidades de una sociedad. También se puede entender como las acciones, medidas regulatorias, leyes, y prioridades de gasto sobre un tema, promulgadas por una entidad gubernamental”.

Y es que hay que “aplicar el análisis empírico a las políticas públicas”; como hacía, y sugería, el profesor Martin Feldstein, de la Universidad de Harvard; pues el “rigor y la evidencia era el camino para construir argumentos que podían ayudar a cambiar y mejorar el mundo”, tal como manifiesta la profesora Núria Mas, del IESE Business School, en el “In memoriam” del precitado profesor, y publicado en el diario El País de fecha 14 de junio de 2019, página 51.

Y, en base a todo lo precedente, aconsejamos la lectura del Curso de Ciencia de la Administración, de Mariano Baena del Alcázar, donde “labora una teoría sobre la Administración y su papel en las políticas públicas”.

Marcelino de Zamora