El reto demográfico ha llegado a la agenda política para quedarse. Esta semana ha sido protagonista de los debates tanto en las Cortes de Castilla y León como en el Congreso de los Diputados. En el parlamento regional, el presidente Alfonso Fernández Mañueco ha anunciado que planteará un "Pacto de Estado" en la próxima cumbre de presidentes autonómicos con el Gobierno central. Una reunión que se promete espinosa y en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tendrá que vérselas con los problemas gravísimos de Cataluña (si es que sus representantes acuden) y con la siempre pendiente reforma de la financiación autonómica que repercute, a su vez, la local. Con un Gobierno apoyado y condicionado por los diputados de ERC, que pondrán sus reivindicaciones no solo políticas, sino financieras, encima de la mesa, recomponer el puzle del reparto de riqueza en el Estado, con una economía menguante, según las previsiones, se presenta harto difícil. Pero de ese encaje de bolillos dependen plenamente las medidas que puedan arbitrarse para paliar los efectos de la despoblación. Para el Ejecutivo español el asunto es una prioridad, como expresamente vienen asegurando sus representantes y los del Partido Socialista. El último en comprometerse, este pasado martes, el diputado socialista por Zamora, Antidio Fagúndez, nombrado portavoz de la Comisión de Reto Demográfico de su grupo en el Congreso.

Como muy bien resumió también este miércoles la presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias Ángeles Armisén, la cuestión de la despoblación afecta "a todos, independientemente del signo político", al tiempo que aludía a la necesidad del acuerdo ante los graves problemas estructurales de Castilla y León en materia demográfica y de envejecimiento. El sentido común indica que, si todos los actores políticos comparten el mismo planteamiento, nada debería impedirles pasar del debate a la acción, porque no hay más tiempo de espera. No es catastrofismo: es el puro contraste con la realidad. No podemos perder más trenes. En estos días también se han dado a conocer otros dos informes que para nada invitan al optimismo: uno de ellos marca la tendencia a la baja de la presencia de empresas zamoranas en Internet.

El Observatorio de Economía Digital de Castilla y León se muestra tajante sobre un problema en el que se aúnan en un peligroso cóctel la falta de infraestructuras con el debilitamiento del tejido empresarial zamoano. No se trata de aceptar la derrota, sino de asumir el reto, lo que implica, una vez más, a instituciones y empresas. Los empresarios deben encontrar facilidades a la hora de contar con herramientas que procuren la labor de los emprendedores con el acceso a la banda ancha y la orientación profesional para aumentar la competitividad de sus negocios, además de la reivindicada agilidad burocrática.

Otro dato preocupante: si la infancia es un bien escaso en provincias como Zamora, con la segunda tasa de envejecimiento más alto del país, todas las alarmas deberían sonar con informes como el que una consultora acaba de hacer público estos días: casi una cuarta parte de los menores de 16 años de la provincia están en riesgo de pobreza. Una situación intolerable que va ligada a la precariedad económica de muchas familias zamoranas. Resulta difícil pensar en una lista de necesidades acuciantes que pueda encabezar la agenda nacional.

Todas estas circunstancias se dan apenas una semana después de que la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria para el Reto Demográfico hiciera una visita relámpago a Castilla y León que la llevó a Valladolid y a un pueblo de Burgos donde conoció experiencias pioneras en el ámbito rural ligadas a las nuevas tecnologías, una de ellas desarrollada por una asociación de un pueblo zamorano, Villarrín de Campos.

Probablemente, la comisaria necesitará conocer aún más de cerca la realidad que pisan los habitantes de Castilla y León y de provincias como Zamora que, de momento, en gran parte de su territorio ven las nuevas tecnologías como un horizonte más cercano a la ciencia ficción que a la realidad. La máxima responsable sobre despoblación de la Unión Europea habría tenido la oportunidad, en una excursión a los pueblos de la Raya, de comprobar cómo falla la cobertura del teléfono móvil dejando a sus habitantes a su suerte. No hablemos ya de un negocio que pretenda aprovechar la rentabilidad de esa supuesta globalidad que solo llega a una parte de la población.

La comisaria huyó de compromisos presupuestarios en tiempos duros para la Europa de las Naciones, aunque, a la petición del 5% del presidente Mañueco, sí reconoció la necesidad de aplicar un trato individualizado a cada situación. Y así debe ser, los fondos de cohesión y los programas Interreg, cuyas nuevas anualidades se aprestan a negociar, deben tener, más que nunca, el objetivo de favorecer más a quien menos tiene. Y, lamentablemente, en otras ocasiones, Castilla y León ha sido el reflejo de un reparto injusto porque las más beneficiadas no han sido provincias como Zamora, una de las más alejadas de la renta media europea. Con la aplicación del criterio de despoblación, esas ayudas deben revertir justamente en las de peor situación. Con toda probabilidad las peores condiciones no se corresponden con Valladolid o Burgos. No se trata de cantonalismos baratos, de los que acaban por diluir una estrategia común y el acuerdo entre todos los agentes implicados. Se trata de la aplicación de los principios de justicia social y de equilibrio territorial, en definitiva, de los que sustentan el Estado de Derecho. Sin ellos, no hay medidas de contención posibles por mucho debate y compromisos en el aire que suscriban los políticos, de cualquier signo.