Metidos ya de lleno en los meses de verano, son ya típicas las estampas de bañistas en los espacios públicos habilitados por la Junta de Castilla y León. De los 31 puntos autorizados, Zamora y León, con nueve cada una, son las provincias que cuentan con más zonas de esparcimiento ligadas a la presencia del agua. La autorización que cada año concede la Administración regional es pionera en la exigencia de controles sanitarios periódicos que garanticen la salubridad de las aguas en ríos, pantanos y lagos, atendiendo a la directiva europea que define como tal "cualquier elemento de aguas superficiales en el que las autoridades competentes prevea que se bañe un número importante de personas y en el que no exista una prohibición del baño" y "donde no exista un peligro objetivo para el público".

Hace ya once años que la comunidad elabora un censo anual, determina la temporada y establece un calendario de calidad de las aguas de baño, realizando para ello inspecciones y tomas de muestra para su análisis. La misma normativa señala a los respectivos ayuntamientos como responsables de la limpieza de las playas, señalización y vigilancia de la salubridad de las mismas. Este año, en la provincia zamorana, la mayoría de esas zonas han recibido la calificación de excelente o buena, salvo las del río Órbigo en Santa Cristina de la Polvorosa y la del Tera en Milles de la Polvorosa, con una calificación de "insuficiente", pese a lo cual serán, con toda seguridad, puntos de reunión habitual durante el estío, como lo son otras muchas que se escapan de cualquier control. Espacios naturales en las cercanías de cualquier municipio en los que se dan cita habitualmente bañistas cuyos ayuntamientos no han solicitado la inclusión en el censo oficial y escapan así de los controles sanitarios.

A pesar de esa precocidad en abordar el aspecto de salubridad e higiene quedan, por tanto, zonas sin control sanitario. Y con todo, no es ese el mayor peligro al que se enfrentan los bañistas tanto en las zonas declaradas como las que se usan al margen de los parámetros establecidos por la Administración. No existe ninguna normativa ni estatal ni regional que establezca la obligatoriedad de contar con socorristas profesionales ni puntos de vigilancia en las playas fluviales y otros espacios naturales aptos para el baño. Este extremo contrasta con la disposición administrativa que obliga a cualquier piscina pública, incluso las de comunidades de vecinos, a disponer de dichos servicios estableciendo, además, sanciones si este extremo se incumple.

Las estadísticas demuestran, sin embargo, que los accidentes se producen, sobre todo, en los espacios naturales y especialmente en aquellos que no están controlados ni siquiera sanitariamente. Las cifras dan que pensar sobre ese vacío legal que ha sido expuesto desde instituciones como el Procurador del Común en un informe que se remonta a 2012. Castilla y León encabezó el año pasado el número de ahogados con 14, uno de ellos en Zamora. Los ahogamientos en una comunidad del interior representan un porcentaje significativo del conjunto estatal en un país con uno de los litorales marinos mayores del sur europeo. El 83% de los 372 ahogamientos registrados en toda España se contabilizó en zonas sin vigilancia, como todas las que se pueblan cada verano en nuestros pueblos. Algunas de ellas tan relevantes como las cuatro playas del Lago de Sanabria, donde acuden miles de personas cada fin de semana. Ninguna de ellas cuenta con vigilancia ni existen puestos sanitarios. El más cercano, el centro de salud de Puebla, se encuentra a 17 kilómetros. En su informe, hasta ahora sin consecuencias, el Procurador del Común advertía de la necesidad de que se dotaran a las instalaciones aptas para el baño "del correspondiente servicio público de salvamento y socorrismo", dotado de "medios materiales y personal profesional debidamente cualificado". La institución subraya la peligrosidad que revisten los espacios fluviales como ríos y pantanos, de fondos inestables y sujetos a variaciones por corrientes, movimiento de lodos y ramajes, que comprometen la seguridad de los bañistas.

Con arreglo a la filosofía que emana de la normativa de la Junta serían los respectivos ayuntamientos quienes tendrían que establecer y hacerse cargo de dichos servicios. Pero se trata de municipios sin apenas recursos para hacer frente a dichos desembolsos. En la comunidad solo sobresale el caso de la playa de las Moreras, en el río Pisuerga, en Valladolid. La capital de la autonomía es la única que dispone este año de dos puestos de socorrista. El resto carece de servicios apropiados para hacer frente a una emergencia. La presencia de embarcaciones, contempladas en un principio como cumplimiento de ese cuidado de los espacios que deben cumplir los ayuntamientos, puede convertirse en un peligro añadido. Hay barcas en el río Duero en Zamora y en el Lago de Sanabria, pero no hay una línea de separación establecida para diferenciar la circulación de las pedaletas y de nadadores. Y ese riesgo se multiplica cuando determinados espacios sirven, además, como estaciones de recarga para las avionetas que se emplean para apagar los incendios forestales.

Mención aparte merecen la escasez o inexistencia de retretes, vestuarios y duchas que completen las dotaciones y que ayuden a mantener la correcta higiene. Son demasiados factores los que se conjugan para tentar la suerte y que la desgracia haga su aparición. Urge, por tanto, completar esa normativa de salubridad y abordar todos los aspectos para que cualquier usuario de los numerosos espacios acuáticos que tiene la Comunidad y la provincia de Zamora disfrute de la belleza de los parajes y se sienta, a la vez, seguro.