Pocas dudas pueden quedar de la manifiesta irresponsabilidad del presidente de Cataluña, Quim Torra, cuando ha despejado cualquier incógnita que quedaba sobre su hoja de ruta para volver a las andadas independentistas de hace casi un año. Una escenificación de un propósito onírico, sustentado en una manifiesta ilegalidad como sería la convocatoria de un referéndum de autodeterminación. No parece suficiente revulsivo que 4.500 empresas hayan abandonado su sede en Cataluña ni que más de la mitad de los catalanes no comulgue con una idea soberanista para persistir en una deriva que ahonda en la fragmentación social, en el aislamiento y en la irresponsabilidad institucional.

Pero lo malo de esta página negra de la reciente historia española ya no es solo el hartazgo de una inmensa mayoría de ciudadanos, sino el clamoroso olvido en el que se encuentra el resto de comunidades autónomas, relegadas a un segundo o tercer plano en la agenda política nacional por la monopolización del tema catalán. La afrenta del separatismo es, sin duda, de suma gravedad, porque afecta a la integridad territorial de un país y a la misma convivencia. Pero, y sin desmerecer un ápice la respuesta permanente que merece este desafío al Estado, tampoco estaría de más prestar mayor atención a las demás regiones. Incluso dándoles voz en este debate, como ayer mismo reclamaba el dirigente canario, para evitar que se les hurte su legítima participación y queden como meros espectadores de una situación que tiene paralizado el pulso político y económico. No resulta alentador que, precisamente, los territorios que, como no podía ser de otra manera, están del lado de la Constitución y del cumplimiento de las leyes sufran la desidia por la indisciplina de unos pocos. Resulta cansino que un proceso como el que pretende Torra y sus socios vuelva a lastrar las posibles soluciones a los problemas reales de la gente por el hecho de persistir en la equivocación y la ruptura unilateral.

Esa participación del conjunto de las comunidades autónomas en el debate y en la búsqueda de las mejores opciones de solución para este conflicto se hace más necesario si cabe cuando de las decisiones del Gobierno central pueden derivarse perjuicios para el el resto de territorios, cercenando su capacidad y el mínimo sentido de Estado que les otorga el propio modelo autonómico.

Me temo que durante los próximos días y semanas, lejos de romperse con esa lesiva tendencia hacia los intereses de las demás regiones, asistiremos a una mayor crispación avivada por las bases y los partidos independentistas catalanes con motivo de la Diada y la conmemoración del primer aniversario de aquel 1 de octubre. Y en ese imprescindible cortafuegos bien haría el presidente del Gobierno en contar con todas las comunidades para hacer frente a una provocación continua para la que, además, su exigua representación parlamentaria le deja a los pies de los caballos y expuesto al vaivén de las fuerzas políticas proclives a la autodeterminación de Cataluña.

No olvidemos que las autonomías son también Estado y que de lo que se trata aquí es de contar con todas las bazas posibles para hacer frente al desafío independentista. No hacerlo también sería una manifiesta irresponsabilidad.