Aunque supone un error generalizar, es cierto que el prestigio de la actividad política y el rumbo del país no atraviesan por sus mejores momentos. Y, a pesar de que no creo que nadie en su sano juicio pueda alegrarse de la galopante pérdida de la reputación del oficio político, algunos de sus principales actores parecen lamentablemente empecinarse en esa tendencia. Pero no hay atajos para la dignificación de la política, porque es, sobre todo, un camino recto entre quienes la ejercen con verdadera vocación y el destinatario último de esa acción: el ciudadano. Quizá por ello, y para no caer en la critica estéril, sin aportar soluciones, acaba de publicarse un trabajo que, bajo el título de "12 estrategias para cambiar un país", recoge la opinión y el ideario de más de un centenar de expertos y empresarios que trazan la senda por la que debería avanzar España. Un proyecto editorial que ve la luz como fuente de discusión pragmática para abordar los ejes estratégicos que marcan el debate nacional en un contexto global y cambiante. La última de esas líneas estratégicas, y no por eso menos importante, se centra en la regeneración de la política. Y es aquí donde quería llegar para compartir con ustedes unas mínimas reflexiones que ojalá acaben protagonizando los discursos y, sobre todo, las iniciativas de nuestros máximos representantes.

De esa lectura les apunto varias conclusiones en las que, a buen seguro, coincidiremos una gran mayoría. Para empezar, es imprescindible recuperar la credibilidad de las instituciones, haciéndolas más fuertes y transparentes, como del mismo modo es necesario depurar la relación tan estrecha que hay entre la política y los cuerpos de la Administración. Porque, al contrario de lo que sucede en Alemania o en el Reino Unido, en España la labor política sufre un exceso funcionarial hasta el punto de que un 80 por ciento de los actuales diputados son funcionarios. Falta, y esto también es un clamor, despolitizar determinados estamentos esenciales, como son el Consejo del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. A lo anterior se añade otra conclusión no menor: la falta de coordinación entre las comunidades autónomas, verdaderas artífices del desarrollo de este país. Pero nos falta conocernos entre nosotros mismos, algo que ratifica el hecho de que la movilidad en España sea tan solo del 3 % frente al 13 % que, por ejemplo, se contabiliza en Estados Unidos. De las aportaciones de los empresarios tampoco pasa desapercibida la reivindicación de una mayor capacidad de influencia nacional en los asuntos europeos, para que no tengamos la percepción de que las principales decisiones nos vienen dadas de Bruselas y Berlín. Urge para los expertos un nuevo contrato social como proyecto de país, que sea capaz de ilusionar a los ciudadanos en lugar de ahondar en la desconfianza en un sistema salpicado por procesos de corrupción. Y reiteran otras cuestiones más candentes en los últimos tiempos como son los necesarios cambios en la ley electoral y en el régimen de elección de los cargos públicos, sin olvidar la desfachatez que significa el habitual incumplimiento de los programas electorales y la escasa democratización interna de los partidos.

En definitiva, un producto editorial que representa la opinión reflexiva de la sociedad civil y que, como simple consejo, harían bien en incorporar a su decálogo público los políticos.