Como complemento a algunas reflexiones de antropología educativa que he realizado en artículos anteriores expongo los objetivos y estrategias de una reforma escolar para España asentada en el principio de subsidiariedad. Se inspira, en sus líneas básicas, en la propuesta hecha en Inglaterra por una comisión presidida por el que fuera jefe de los Inspectores de Educación de su Majestad (HMI), Chris Woodhead. Dicha comisión examinó previamente los sistemas educativos de varias naciones de América y Europa como Canadá, Chile, USA, Reino Unido, Alemania, Suecia y Holanda. También estudiaron el funcionamiento de las escuelas de Hong Kong.
El objetivo de la reforma del sistema escolar español es bien sencillo: transferir la autoridad y las decisiones de gestión educativa del gobierno y administraciones a los padres, directores y profesores que tienen la misión de educar.
Los padres tienen la primera responsabilidad para educar a sus hijos. Deberían, por tanto, detentar la autoridad para elegir la escuela que ellos juzguen la más deseable, proveyéndoles ofertas diversas y la atribución de cambiar a sus hijos de centro cuando consideren que reciben una formación insatisfactoria.
Los directores y profesores serían los responsables de la educación escolar y darían cuenta a las familias. Las escuelas serían propiedad de cooperativas de padres o de profesores, de ambos, de entidades de caridad, de movimientos o congregaciones religiosas, de empresas, etcétera. Tendrían completa autoridad para gestionar sus propios asuntos.
El Estado, a través del Parlamento, establecería la organización general o estructura mínima, por ejemplo higiene de edificios, etapas educativas por grandes bloques y respeto a la ley moral natural, a los principios constitucionales y derechos fundamentales. Dispondría -el Estado- de una inspección general de servicios vinculada al poder judicial.
El Estado seguiría, por tanto, con un papel importante de coordinación, respeto al «ethos» cultural occidental y al Derecho. De acuerdo con las organizaciones titulares de las escuelas fijaría la estructura básica del sistema y establecería garantías del derecho a la educación y los contenidos cívicos de convivencia propios de una democracia liberal por cierto actualmente muy deteriorada en nuestra España. Lo que no haría es lo que hace actualmente: imponer ideología a todos, utilizar el sistema para obtener rentabilidad electoral, dilapidar a través de las nefastas administraciones autonómicas, impedir la libre elección, hacer propaganda partidista en las escuelas, corromper a los niños y adolescentes con programas de promiscuidad y precocidad sexual, etcétera.
La inspección educativa, actualmente convertida en comisariado político, sería reformada en profundidad. Los titulares de los centros y directores estarían obligados a ser inspeccionados y auditados por instituciones de la sociedad civil integrados por inspectores profesionales con amplia autonomía en el campo de la evaluación.
Los alumnos serían sometidos a exámenes periódicos aplicados por asociaciones de profesores y agencias. Seguiría debidamente actualizado el modelo de reválidas que tan buenos resultados produjo en los años cincuenta y sesenta en España. Versarían sobre Lectura, Composición escrita, Matemáticas, Religión católica o Historia del cristianismo, Historia de España y Geografía.
El Estado, a través de una inspección general de servicios, asegurará la aplicación de pruebas a lo largo de la escolaridad sobre la Lengua nacional (español en nuestro caso), Literatura y Geografía e Historia de España y la impartición de hábitos y conocimiento sobre las obligaciones ciudadanas, cívicas y de urbanidad.
Los estudios de Bachillerato serían más largos, cuatro años como mínimo, con inicio a los 14 años de edad del alumno superada una prueba de reválida anterior. Al final se establecería otra prueba académica más exigente general extendida a materias como Filosofía, Latín, Matemáticas, Historia, Religión o Cultura cristiana. Además, existiría otra específica de asignaturas llave vinculadas a los estudios universitarios de elección de cada alumno. El resultado de esta reforma traería grandes beneficios para los padres, los profesores y los centros escolares en general. El alumno recibiría una formación integral tanto en lo académico como en el carácter.
Los padres tendrían la atribución de enviar a sus hijos a escuelas más apropiadas a su proyecto de formación para sus hijos al ver acrecentarse una amplia variedad de escuelas que atenderían a diferentes necesidades y situaciones. Los niveles y buenas prácticas aumentarían y las malas se extinguirían. La elección no estaría como ahora sometida a la tiranía burocrática propia de regímenes fascistas y socialistas unidos por el colectivismo y la injerencia estatal. Sobre el parecido de estas dos ideologías que dan asiento de las vocaciones dictatoriales, pueden consultarse algunos estudios y publicaciones como las de los profesores F. A. Hayek, Stanley Payne, Jonah Goldberg y el español Manuel Pastor.
Los profesores verían incrementarse su estatus vocacional, profesional y económico. No estarían como ahora sometidos a los dictados ideológicos de grupos de intereses, de los sindicatos y de psicopedagogos antiescuela. El refuerzo de la enseñanza, de los contenidos y de la disciplina les permitirá recuperar a muchos alumnos a los que la pedagogía permisiva conduce a la ignorancia, la barbarie y la delincuencia.
Los recursos absorbidos por la burocracia y programas inútiles serían reconducidos a los centros y a la retribución más alta de los profesores. En cuanto a los centros escolares, la calidad del servicio sería el elemento motivador o razón de ser. Serán capaces de fomentar su propio «ethos» -que será sin duda de fundamento religioso o cultural cristiano porque es el mejor y el que proporciona una formación académica y de carácter más sólida-.
Según la Comisión Woodhead, los centros educativos en el nuevo sistema escolar reformado tendrían completa libertad para: a) determinar el número de alumnos que ellos admiten; b) admitir alumnos de cualquier zona de residencia; c) contratar, formar y prescindir, en su caso, del profesorado; d) decidir las condiciones de trabajo y retribuciones; e) decidir su propio currículo ratio alumnos/profesores, horarios, duración de las vacaciones, calendario lectivo; f) decidir sobre gastos e inversiones; g) decidir su estructura de gestión y gobierno.
