La artista totanera Bárbara Rey ha aceptado dos años de cárcel de cara al juicio en el que estaba acusada de alzamiento de bienes, tras un acuerdo con la Fiscalía en el que reconoce los hechos para ver rebajada sensiblemente la pena de tres años y medio de cárcel que pedía para ella el Ministerio Público por haber eludido el pago de 143.902 euros.
Según han informado a EFE fuentes jurídicas, también han llegado a un acuerdo con la Fiscalía los dos hijos de la artista, una hermana y otros tres acusados en la causa: los tres familiares y otro procesado han aceptado un año de cárcel como cooperadores del delito, y los otros dos acusados once meses de cárcel como cómplices.
Para todos se aplica la atenuante simple de dilaciones indebidas y la atenuante analógica de reparación del daño, y no se prevé que la artista entre en prisión dada la pena acordada.
El acuerdo se ratificó en una vista celebrada el pasado miércoles en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial, que no trascendió, y evitó que se llegara a celebrar el juicio, que ya había suspendido el pasado 16 de junio porque uno de los procesados estaba en paradero desconocido.
Tres años y medio de cárcel
La Fiscalía pedía en sus conclusiones provisionales tres años y seis meses de prisión para Bárbara Rey y dos años y medio para sus dos hijos, su hermana y los otros tres acusados de alzamiento de bienes en operaciones financieras para eludir pagos a Hacienda por el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) por un total de 143.902 euros.
El Ministerio Público sostiene en su escrito de acusación que Bárbara Rey llevó a cabo dichas operaciones, en las también intervinieron los demás acusados, para simular que no podía pagar los 143.902 euros que le reclamaba la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Los hechos se remontan al 10 de mayo de 2011 cuando Hacienda comenzó una inspección a la artista en relación al pago del IRPF de los periodos fiscales comprendidos entre 2006 y 2008.
Según la Fiscalía el 16 de noviembre de 2012 se dictaron sendas actas por el IRPF, la primera de 2006 y la segunda de 2007, por importes de 135.031 y 131.568 euros, respectivamente.
Explica que dichas actas fueron notificadas a Bárbara Rey el 12 de febrero de 2013 y tenían de plazo de ingreso voluntario el 20 de marzo de ese año.
De ahí que el 18 de julio se dictaran sendos acuerdos de imposición de sanciones en ambos expedientes por importes de 51.496 y 60.6756 euros, respectivamente, notificados a la acusada el 8 de agosto de 2013.
"A sabiendas de que habían dado comienzo las labores de investigación de Hacienda, la acusada, con ánimo de eludir dicha responsabilidad de pago, se puso en contacto con varios familiares para actuar en connivencia para llevar a cabo actos de disposición patrimonial con la finalidad de generar la quiebra de las deudas contraídas", señala la Fiscalía, cuya acusación es ahora corroborada por los acusados.
El fiscal detalla un total de trece operaciones en las que participaron sus dos hijos, su hermana y los demás acusados para provocar una supuesta situación de insolvencia.
A fecha de 19 de diciembre de 2017 existía un saldo de deuda pendiente de ingreso de 143.902 euros.
