En un comunicado, el CERMI lamenta que España carezca de una normativa reguladora de accesibilidad audiovisual al contenido, a pesar de que la Ley 51/2003 obligaba al Gobierno a aprobar, en el plazo de dos años, unas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en los medios de comunicación, incluidos los audiovisuales.
Asimismo, el CERMI señala que "la carencia de legislación" al respecto contradice las directrices marcadas en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, ratificada por España hace dos años.
