Trabajo plantea subir el salario mínimo de 1.080 a 1.123 euros y no contenta ni a patronal ni a sindicatos

El Ministerio de Trabajo ha planteado formalmente este lunes a patronal y sindicatos que quiere subir el salario mínimo interprofesional (SMI) en 2024 de los actuales 1.080 euros a 1.123 euros. Un incremento del 4% que ni contenta a la patronal, por excesivo, ni a los sindicatos, por insuficiente, tal como han manifestado este lunes tras finalizar la que ha sido la segunda reunión del diálogo social sobre esta cuestión.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se ha mostrado optimista de cara a alcanzar un acuerdo tripartito, reacción que contrasta con la insatisfacción que han manifestado sus interlocutores y el rechazo por parte del Ministerio de Hacienda a medidas de apoyo complementarias para facilitar el acuerdo.

Las partes no dan por cerradas las negociaciones, de momento no hay fecha para un nuevo encuentro y el Gobierno deberá consensuar una postura común durante las próximas semanas, con el objetivo de tener la subida publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes del 31 de diciembre. Si bien la aprobación podría ser posterior y con carácter retroactivo.

Tres millones de trabajadores están pendientes de la decisión final que tome el Ejecutivo junto a los agentes sociales. El Ministerio de Trabajo ha puesto por primera vez sobre la mesa sus números, si bien ya había deslizado que barajaba un incremento en la línea que el IPC medio registrado actualmente. La postura de Díaz es clara: el incremento será del 4% y ahora el debate está más en determinar si dicha subida viene acompañada de ayudas a las empresas que lo apliquen o no.

Ese incremento del 4% no contenta ni a la patronal ni a los sindicatos, tal como han evidenciado sus portavoces este lunes tras la reunión mantenida con el equipo del Ministerio de Trabajo. "Es la propuesta de la patronal", le ha recriminado a Yolanda Díaz el vicesecretario general de UGT, Fernando Luján. Desde las centrales le reclaman un incremento más garantista de los trabajadores, argumentando que la cesta de la compra ha subido por encima del IPC medio y que los perceptores del SMI son especialmente sensibles a incrementos de estos precios. Lo que se traduciría en una subida de cerca del 5%, según ha manifestado la secretaria de acción sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente.

Pugna entre Trabajo y Hacienda

Los empresarios habían ofrecido, de saque, subir el salario mínimo un 3%, si bien se abrían a flexibilizar su postura si el Gobierno ponía dinero encima de la mesa para compensar el incremento de gasto que ello supone para las contratas públicas. "Hemos vuelto a poner sobre la mesa los planteamientos que llevamos ya en la primera reunión, que tienen que ver, en especial, con la necesidad de indexar los contratos públicos al SMI", afirman fuentes de la CEOE. Aquí los sindicatos se abrieron a hacer pinza con los empresarios, ya que les supone un alto volumen de conflictos laborales de difícil solución en sectores de alta licitación pública, como por ejemplo, la limpieza de edificios públicos o la jardinería.

Trabajo está valorando qué margen puede pactar con el Ministerio de Hacienda para conceder ayudas puntuales en contratas a las que la subida del SMI les incremente sustancialmente el coste. No se abre a una indexación total, sino a intervenciones puntuales, pero para poder ofrecerlas deberá primero consensuarlas con el Ministerio de Hacienda, que es el competente en esta cuestión. "Estoy convencida de que llegaremos a un acuerdo, las pretensiones entre la patronal y los sindicatos no están alejadas y que por el bien del país seremos capaces de conseguirlo", ha declarado Díaz ante los periodistas en un acto en Madrid.

Quien no está por la labor de ofrecer esas ayudas es la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. "No tendría ningún sentido que la subida del SMI fuera a costa de que las administraciones públicas tuvieran que hacer frente a un mayor coste por los servicios que prestan, porque entonces la pagaríamos todos", ha afirmado este mismo lunes tras la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Y entre Trabajo y Seguridad Social

El incremento del salario mínimo interprofesional tiene especial incidencia en sectores como el campo, las empleadas del hogar o el reparto a domicilio, entre otros. Precisamente en el sector agropecuario las patronales catalanas están se están resistiendo a renovar el convenio colectivo del sector, cuyas tablas salariales están desactualizadas y no recogen el SMI vigente.

Ahí la CEOE ha reclamado bonificaciones de cotizaciones sociales al Gobierno para avalar subidas, algo sobre lo que Trabajo también quiere abrir una negociación con el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social para ver qué puede luego poner encima de la mesa con los agentes sociales. Los empresarios le reclaman llegar a exoneraciones del 20% sobre las cotizaciones, mientras los sindicatos no son partidarios. Las negociaciones entran ahora en una fase más discreta, sin nuevas reuniones oficiales fijadas y trasladando el eje hacia dentro del Gobierno. Las diferencias en el seno de la coalición sobre cuánto debe subir el salario mínimo han sido una constante durante los últimos tres años.