Fondos europeos

Hernández de Cos pide la evaluación constante de los fondos europeos, aunque esto suponga "algún retraso"

Se minimiza el peligro de seguir aportando recursos a proyectos atractivos a priori, pero que no rinden resultados esperados

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en una imagen de archivo.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en una imagen de archivo. / Gustavo Valiente / EP

EP

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha reclamado una evaluación constante de los proyectos financiados con los fondos europeos 'Next Generation EU' y considera que si esto supusiera algún retraso en el uso de estos recursos, sería un tiempo y un esfuerzo "bien empleado".

El gobernador ha alertado del "retraso" de España en relación a la evaluación, pero espera que iniciativas recientes encaminadas a la institucionalización de la evaluación de políticas públicas ayuden a superar las deficiencias del aparato administrativo español para que el diseño de programas públicos incorpore la eventual evaluación ex ante o, al menos, una evaluación a posteriori sistemática.

"Estas carencias limitan no sólo la capacidad propia de la Administración Pública para realizar evaluaciones rigurosas, sino también el completo aprovechamiento de los resultados de las evaluaciones externas", ha advertido el gobernador en su artículo titulado 'El economista y las políticas: el ejercicio de una disciplina que (nos) disciplina', publicado en la Revista Economistas del Colegio de Economistas de Madrid.

Y no se trata sólo de carencias en el sector público. Hernández de Cos ha alertado de que también en el sector privado o en la sociedad civil, las instituciones y los foros dedicados a la evaluación rigurosa de políticas públicas en España son comparativamente escasas en comparación con otros países del entorno, y sus opiniones tienen escasa influencia en el debate público.

Por todo ello, el gobernador considera que los organismos públicos independientes "pueden y deben" desempeñar un papel relevante para aportar rigor e imparcialidad en las evaluaciones de las políticas públicas.

"En el Banco de España estamos comprometidos con esta cultura de la evaluación, tanto a través de la función de asesoramiento al Gobierno que nos atribuye nuestra Ley de Autonomía como de la evaluación de nuestras propias actuaciones mediante un programa de evaluaciones externas", ha remarcado.

Así, considera que el potencial de mejora en el proceso de toma de decisiones sobre políticas públicas en España es, en todo caso, significativo. De esta mejora podrían beneficiarse tanto el poder ejecutivo, a la hora de diseñar y aplicar las políticas públicas, como el poder legislativo, en su papel de control al Gobierno, según Hernández de Cos.

Evaluación de los fondos europeos, aunque retrasen

En este sentido, el gobernador ha señalado que el potencial de mejora en la formulación de las políticas públicas adquiere una dimensión aún mayor en el contexto actual, teniendo en cuenta la repercusión y el impacto de los fondos europeos 'Next Generation EU'.

"En un contexto en el que se requiere alcanzar un impacto duradero para propiciar la transformación estructural, la evaluación constante de los proyectos financiados con dichos fondos es la respuesta más eficaz para alcanzar este objetivo y para reforzar los necesarios mecanismos de control del dinero público", ha recalcado el gobernador.

Ha enfatizado así que la evaluación constante facilita la experimentación con nuevos proyectos transformadores y minimiza el peligro de seguir aportando recursos a proyectos atractivos a priori, pero que no rinden los resultados esperados.

"Es más, considero que, incluso si esto supusiera algún retraso en el uso de los fondos, sería un tiempo y un esfuerzo bien empleados", ha reiterado. De ahí que desde el Banco de España se defienda la conveniencia de que se contemple una extensión temporal en el uso de los fondos 'NGEU' por parte de las autoridades comunitarias.

Para Hernández de Cos los fondos podrían emplearse también para mitigar los costes que las reformas estructurales, en ocasiones, acarrean para algunos colectivos a corto plazo, en pos de los beneficios que generarían para el conjunto de la sociedad a medio y a largo plazo.