El Gobierno ultima una ampliación urgente de redes eléctricas por más de 900 millones

El Gobierno ultima una ampliación urgente de las redes eléctricas del país para evitar la saturación en zonas en que se van a instalar grandes proyectos industriales (singularmente las gigafactorías de baterías de coches eléctricos o centros de datos digitales) y para facilitar la integración de nuevas plantas renovables en pleno boom de despliegue del sector. Las inversiones en las nuevas infraestructuras que se construirán y la reforma de otras ya existentes superarán los 900 millones de euros, y se financiarán con fondos europeos.

El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Teresa Ribera, lleva meses trabajando en una revisión de la Planificación Eléctrica hasta 2026, que ya contemplaba la modernización de las redes de alta tensión con inversiones de casi 7.000 millones de euros. Ese plan se aprobó el año pasado, pero el Ejecutivo decidió que había que ampliarlo para incluir nuevas actuaciones que se consideran estratégicas e inaplazables.

El Gobierno ha estado trabajando estos meses con Red Eléctrica de España, el gestor de las infraestructuras de alta tensión, en las modificaciones del plan y ahora perfila los últimos detalles para incluir nuevas infraestructuras imprescindibles y acordes a las necesidades concretas provocadas por la concentración de nuevas renovables y de grandes consumidores industriales en determinadas zonas, y también para adaptarse a las necesidades del nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), la hoja de ruta verde de España hasta 2030 y cuyo borrador de actualización fue enviado por el Ejecutivo a Bruselas el pasado julio.

Con retraso

La actualización del plan de redes eléctricas es inminente y el Ejecutivo sacará el nuevo programa de actuaciones a audiencia pública en breve, según confirman fuentes oficiales a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, que no descartan que puede dividirse la actualización en varias fases para identificar mejor las inversiones, que se ejecutarán de manera progresiva hasta 2026. La revisión de la planificación va con retraso, y de hecho estaba prevista para la primera mitad de este año.

El parón político provocado por las elecciones del 23J y el largo proceso hasta la formación del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez frenó durante meses la activación del proceso necesario para incluir nuevas obras y ampliar las redes con carácter de urgencia. Desde el sector eléctrico se alerta desde hace tiempo que las actuales redes eléctricas y puntos de conexión no son suficientes para atender la avalancha de nuevas plantas renovables y avisa de que puede provocar ralentización de las inversiones y del despliegue de instalaciones de energías verdes.

Transición Ecológica ha estado trabajando en la identificación de las actuaciones improrrogables que se incluirán en la actual planificación de la red eléctrica, pero se ha venido argumentando que se optó por retrasar la aprobación de la actualización de la hoja de ruta hasta dejar de estar en funciones y que hubiera nuevo Gobierno formalmente constituido.

La actualización de la Planificación Eléctrica 2021-2026 en que trabaja el Ejecutivo, de hecho, es sólo un primer paso. Transición Ecológica pretende poner en marcha -también a corto plazo- el proceso para aprobar también una planificación totalmente nueva para el periodo 2024-2029 para modernizar la red de transporte. El Ministerio dirigido por Ribera advierte de que está gestionando un auténtico aluvión de peticiones de modificaciones y ampliaciones de la red eléctrica por parte de las compañías del sector. El Gobierno debe analizar todas las propuestas y discernir cuáles incluir en la actual planificación revisada y cuáles son menos urgentes y pueden dejarse para el siguiente plan que se desarrollará en el periodo 2024-2029.

Fondos europeos para no subir el recibo de luz

El actual plan hasta 2026 contempla inversiones de casi 7.000 millones de euros para ejecutar las actuaciones previstas. Unas inversiones que debe ejecutar Red Eléctrica de España (REE), el gestor de la red de transporte, y que pagan todos los consumidores eléctricos con su recibo de luz a través de los peajes, uno de los conceptos de los costes regulados del recibo eléctrico.

Sin embargo, el Gobierno no quiere cargar en el recibo eléctrico los nuevos costes que generarán los cambios del plan en los que trabaja. Los planes del Ministerio para la Transición Ecológica pasan por pagar al menos parte de esas nuevas redes eléctricas con fondos europeos para no financiarlo con los peajes incluidos en el recibo y evitar subir la luz. La adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), aprobada por la Comisión Europea en octubre, contempla una partida de 931 millones para la ejecución de la ampliación de las redes eléctricas y que se inyectará a través de financiación directa a REE, que ejecutará también previsiblemente inversiones adicionales.

Las inversiones realizadas por REE en la red de transporte tienen fijado un límite anual para evitar que se dispare la retribución de esos trabajos que se carga en el recibo de luz. Cada año no se pueden realizar inversiones que superen el 0,065% del producto interior bruto (actualmente, en torno a unos 800 millones de euros). Las nuevas inversiones que el Gobierno pretende incluir en su reforma de la Planificación hasta 2026 no computarán para calcular el límite máximo de inversión anual en la red para no recortar otros trabajos ya previstos. De hecho, no computarán ni los fondos europeos empleados ni la parte de la inversión en las nuevas infraestructuras añadidas que no esté cubierta por los fondos.